Fiscalía indaga a diputados por viajes al extranjero en semanas distritales: ¿abuso de privilegios o malentendido legal?

En el escenario político chileno, donde la imagen y la confianza pública son moneda corriente, la Fiscalía ha abierto una investigación que pone en jaque a varios diputados por supuestos viajes al extranjero durante semanas distritales, período destinado a la labor parlamentaria en sus respectivas regiones.

El 11 de agosto de 2025, el Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a trámite una querella que acusa a varios parlamentarios de abandono de destino, fraude al fisco y obtención fraudulenta de remuneraciones. Entre los señalados figuran figuras reconocidas como Ximena Ossandón (RN), Carmen Hertz (PC) y José Miguel Castro (RN), presidente de la Cámara Baja.

Este caso ha generado un debate intenso y polarizado, no solo en el Congreso sino también en la opinión pública, que observa con suspicacia el uso de recursos y tiempos por parte de sus representantes.

Perspectivas encontradas

Desde la defensa de los diputados apuntados, se sostiene que no existe un delito claro y que los viajes realizados cuentan con justificaciones legítimas dentro de sus funciones. Miguel Landeros, secretario general de la Cámara, señaló que "en principio, no estamos en presencia de un delito, pero es mejor que se aclare completamente".

Por otro lado, los querellantes y críticos del sistema parlamentario argumentan que estos viajes constituyen un abuso de privilegios y una falta de respeto hacia los ciudadanos que financian esas remuneraciones. Se acusa que, al ausentarse de sus labores en la semana distrital, los diputados incumplen con su deber y, en algunos casos, podrían estar obteniendo beneficios económicos indebidos.

Contexto y antecedentes

Las semanas distritales son períodos establecidos para que los parlamentarios puedan estar en sus regiones, atender a sus electores y fiscalizar la gestión local. La normativa vigente no prohíbe expresamente los viajes al extranjero, pero sí exige que las actividades realizadas estén vinculadas a sus funciones y que no afecten el cumplimiento de sus responsabilidades.

Entre 2021 y 2025, se registraron múltiples viajes de diputados al extranjero durante estas semanas, lo que motivó la presentación de la querella. La acción legal busca determinar si hubo abandono de funciones y si se configuró un fraude al fisco, al recibir remuneraciones sin cumplir con las tareas correspondientes.

Impacto político y social

Este caso ha encendido la discusión sobre la transparencia y la ética en la política chilena, en un momento en que la confianza en las instituciones está en niveles bajos. Sectores ciudadanos y organizaciones sociales han manifestado su rechazo a posibles privilegios y han pedido una revisión profunda de las normas que regulan la actividad parlamentaria.

Desde el Congreso, algunos diputados han expresado preocupación por el daño a la institucionalidad y han llamado a que la investigación se realice con rigor y sin sesgos políticos.

Constataciones y consecuencias

A la fecha, la investigación está en sus etapas iniciales, con la designación de un fiscal que deberá recopilar antecedentes, notificar a los involucrados y evaluar la existencia de delitos.

Es claro que este proceso judicial no solo pondrá a prueba la responsabilidad individual de los parlamentarios, sino también la capacidad del sistema para fiscalizar y sancionar prácticas cuestionables.

Mientras tanto, la discusión pública ha servido para visibilizar las tensiones entre la interpretación legal y la percepción ética sobre el ejercicio político. La consecuencia más tangible podría ser una revisión normativa que clarifique los límites y obligaciones durante las semanas distritales, fortaleciendo así la rendición de cuentas.

En definitiva, esta historia exhibe un choque entre la letra de la ley, las expectativas ciudadanas y la práctica política, invitando a una reflexión profunda sobre cómo se ejerce el poder y cómo se protege la confianza pública en Chile.