
Un sueño de infraestructura energética que toma forma, pero no sin tensiones. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) otorgó el pasado 13 de noviembre la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) al proyecto megalínea Kimal-Lo Aguirre, que unirá Antofagasta con Santiago a través de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 1.346 kilómetros, con una inversión que alcanza los US$ 1.500 millones. Esta iniciativa, la más extensa evaluada en la historia del SEA, promete transformar el sistema eléctrico nacional, pero también desata un complejo debate social, ambiental y económico que merece ser analizado con calma y profundidad.
La megalínea Kimal-Lo Aguirre pretende ser un eje fundamental para la transmisión de energía desde el norte hacia el centro del país, atravesando cinco regiones: Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso y la Región Metropolitana, impactando a 28 comunas. Durante su construcción, se generarán más de 6.200 empleos directos, lo que supone un impulso significativo para las economías regionales involucradas. Su entrada en operación está proyectada para el primer semestre de 2029.
Valentina Durán, directora ejecutiva del SEA, afirmó que la aprobación se dio tras un proceso riguroso y expedito, con una reducción de plazos cercana al 30% respecto al promedio, y destacó la realización de una consulta indígena ágil y de buena fe. Además, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, apuntó que este proyecto contribuirá a tarifas eléctricas más bajas y a avanzar hacia la carbono neutralidad, marcando un récord histórico de inversión ambiental aprobada en un solo año: más de US$ 34.000 millones.
Desde la mirada del Gobierno y sectores empresariales, la megalínea representa un salto en infraestructura energética que potenciará la competitividad nacional y regional, especialmente en Antofagasta, donde la minería demanda una energía confiable y sostenible. El proyecto se enmarca en una visión de desarrollo integral y transición energética, con beneficios que se esperan traducir en menor costo para consumidores y empresas.
Sin embargo, las voces críticas no han tardado en manifestarse. Comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas han expresado preocupación por el impacto en territorios ancestrales y ecosistemas sensibles. Aunque la consulta indígena fue calificada como ágil, algunos actores sostienen que no fue suficientemente inclusiva ni representativa, lo que alimenta tensiones y desconfianza.
Por otro lado, expertos en medioambiente y planificación territorial advierten sobre los riesgos asociados a la fragmentación del paisaje y la pérdida de biodiversidad en zonas por donde cruzará la línea, además de cuestionar la capacidad de los procedimientos actuales para mitigar estos impactos en un proyecto de tal magnitud.
El proyecto requiere tramitar alrededor de 5.000 permisos adicionales para habilitar las obras, un proceso complejo que se extenderá durante la fase de construcción. Esta multiplicidad de autorizaciones abre la puerta a eventuales recursos y apelaciones, que podrían retrasar la ejecución y encarecer los costos.
Además, la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, comunidades locales y actores privados será clave para evitar conflictos y asegurar que las obras se desarrollen con respeto a los derechos sociales y ambientales.
La megalínea Kimal-Lo Aguirre es más que un proyecto de infraestructura; es un espejo de los desafíos que enfrenta Chile en su camino hacia un desarrollo sostenible y equitativo. Su aprobación representa un hito en inversión y planificación energética, pero también pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, mejorar la gestión ambiental y articular políticas que integren las diversas demandas territoriales.
Este caso muestra que las grandes obras públicas no sólo deben medirse en términos económicos o técnicos, sino también en su capacidad para generar consensos y respetar la diversidad cultural y ambiental del país. La historia de Kimal-Lo Aguirre aún está en construcción, y su éxito dependerá tanto de la ingeniería como de la política y la sociedad chilena.
En definitiva, la megalínea simboliza el cruce entre la urgencia energética y la complejidad social, un desafío que Chile deberá enfrentar con diálogo, transparencia y visión de largo plazo.
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Fuentes: Diario Financiero, declaraciones oficiales de SEA y Ministerio de Hacienda, análisis de expertos en medio ambiente y derechos indígenas.