SMA formula cargos contra Prolesur por contaminación en río Calle Calle: un conflicto ambiental que expone la fragilidad regulatoria en Los Ríos

Una sombra sobre el río Calle Calle

A comienzos de noviembre de 2025, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra la Sociedad Procesadora de Leche del Sur S.A. (Prolesur), filial de Soprole Inversiones, por descargar residuos líquidos que superaron los límites máximos permitidos en el río Calle Calle. Esta acción se enmarca en un segundo procedimiento sancionatorio contra la empresa, que ya había sido advertida anteriormente por infracciones a la normativa ambiental.

La fiscalización, realizada en coordinación con la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) y la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Los Ríos, detectó excesos en parámetros críticos como Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO₅), coliformes fecales, hierro disuelto y caudal de descarga, afectando la calidad del agua y, por ende, el ecosistema fluvial y las comunidades aledañas.

Voces en conflicto: empresas, autoridades y ciudadanía

Desde Prolesur, la defensa ha argumentado que las irregularidades detectadas corresponden a fallas puntuales en el sistema de tratamiento que están siendo corregidas mediante un Programa de Cumplimiento (PdC), presentado dentro del plazo otorgado por la SMA. La empresa sostiene que su operación es fundamental para el desarrollo económico local y que mantiene un compromiso con la sustentabilidad.

En contraste, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas de la zona expresan su profundo rechazo y preocupación. “Esta no es la primera vez que Prolesur pone en riesgo nuestros recursos hídricos, vitales para nuestra cultura y subsistencia”, señala un representante de la comunidad mapuche Lafkenche. Además, denuncian que los procesos sancionatorios se dilatan y que la autoridad no ejerce una vigilancia efectiva.

Por su parte, la SMA ha subrayado que la coordinación interinstitucional ha fortalecido la fiscalización, pero reconoce que los desafíos regulatorios persisten. El jefe regional Eduardo Rodríguez afirmó que “el cumplimiento ambiental es un derecho y una obligación, y la SMA está decidida a hacer respetar la normativa sin excepciones.”

Contexto histórico y consecuencias visibles

Este caso no es aislado. En los últimos años, la cuenca del río Calle Calle ha sufrido episodios reiterados de contaminación atribuibles a actividades industriales y agrícolas, impactando la biodiversidad y la calidad de vida de las poblaciones locales. La acumulación de infracciones y la lentitud en la aplicación de sanciones han generado un clima de desconfianza hacia las instituciones.

Además, la multa máxima que podría alcanzar Prolesur asciende a 2.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de $1.662 millones, una cifra que, aunque significativa, es percibida por algunos expertos como insuficiente para disuadir prácticas contaminantes en empresas de gran tamaño.

Perspectivas políticas y sociales

El episodio ha reavivado el debate sobre la eficacia de la regulación ambiental en Chile, especialmente en regiones donde la actividad productiva convive con ecosistemas frágiles. Mientras sectores empresariales abogan por marcos normativos que consideren la competitividad y la inversión, organizaciones sociales y ambientalistas demandan mayor rigurosidad y participación ciudadana en la toma de decisiones.

En la arena política, algunos parlamentarios de oposición han planteado la necesidad de fortalecer la SMA con mayores recursos y autonomía, mientras que voces oficialistas insisten en promover la innovación tecnológica para reducir impactos sin frenar el crecimiento económico.

Verdades y consecuencias que emergen del conflicto

La formulación de cargos contra Prolesur confirma que la contaminación industrial en cuerpos de agua sigue siendo un problema vigente y complejo en Chile. La coordinación entre organismos estatales representa un avance, pero la efectividad de la fiscalización dependerá de la capacidad para imponer sanciones ejemplares y asegurar la reparación ambiental.

Este caso evidencia la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental, una disonancia que Chile debe enfrentar con políticas integrales y diálogo inclusivo. Para las comunidades afectadas, la contaminación no es un asunto abstracto, sino una amenaza directa a su salud, cultura y futuro.

En última instancia, la historia del río Calle Calle y Prolesur es un llamado a repensar el rol del Estado, la responsabilidad empresarial y la acción ciudadana en la construcción de un modelo de desarrollo que no sacrifica el patrimonio natural ni la justicia ambiental.