
El domingo 10 de agosto de 2025, un sismo de magnitud 6,1 estremeció la región de Mármara, al noroeste de Turquía, con epicentro en Sindirgi, provincia de Balikesir, a 11 kilómetros de profundidad. El movimiento generó el derrumbe de al menos diez edificios y dejó a decenas de personas heridas, según reportes oficiales y testimonios recogidos en terreno.
El alcalde local, Serkan Sak, declaró a la prensa: "Diez edificios se derrumbaron en nuestro distrito. Rescatamos a cuatro personas y seguimos intentando llegar a dos más. La farmacia bajo uno de los edificios quedó destruida". La réplica del sismo no tardó en manifestarse, con temblores secundarios de magnitud superior a 4, que mantuvieron en alerta a la población.
El sismo se sintió en ciudades importantes como Estambul, Bursa y Kocaeli, donde el gobernador Davut Gul informó que no se detectaron daños mayores, aunque se realizaban inspecciones para descartar riesgos.
El evento reabrió un debate que convoca a múltiples actores y posturas. Desde el gobierno turco, el ministro del Interior Ali Yerlikaya afirmó que "AFAD y las instituciones pertinentes iniciaron de inmediato estudios de campo y monitorean la situación de forma continua". Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en gestión de riesgos cuestionan la eficiencia y la preparación para emergencias en zonas urbanas vulnerables.
Para la sociedad civil, el sismo fue un recordatorio doloroso del terremoto de 1999, que dejó cerca de 19.000 muertos y más de 50.000 heridos. "No podemos permitir que la memoria del 99 se diluya en la complacencia. La reconstrucción debe ser segura y participativa", señaló Ayşe Yılmaz, activista en derechos urbanos.
Desde el ámbito académico, el sismólogo turco Mehmet Özkan destacó la complejidad geológica de la región: "La falla de Anatolia del Norte es una de las más activas y peligrosas. Este sismo es un llamado para mejorar los estándares de construcción y la educación ciudadana". Por su parte, el arquitecto y urbanista Emre Kaya advirtió sobre el crecimiento urbano desordenado: "Muchas estructuras no cumplen con la normativa sísmica vigente, lo que aumenta la vulnerabilidad".
En términos sociales, el sismo dejó a cientos de familias desplazadas temporalmente y generó una fuerte sensación de inseguridad, especialmente en barrios con edificios antiguos. Las autoridades locales han habilitado centros de acogida y reforzado los protocolos de emergencia.
Económicamente, la región enfrenta un desafío significativo para reparar la infraestructura dañada, que incluye viviendas, comercios y servicios básicos. Sectores productivos como la agricultura y el comercio local han reportado pérdidas, aunque aún no se dispone de una cifra consolidada.
A tres meses del sismo, es posible concluir que, aunque la respuesta inmediata fue rápida, persisten brechas importantes en la prevención y mitigación de riesgos. El evento expone la tensión entre el crecimiento urbano acelerado y la necesidad de una planificación territorial que priorice la seguridad.
Además, la tragedia revive la discusión sobre la memoria histórica y la responsabilidad estatal en la protección de la población. Como bien señala el informe de la ONG Turkish Earthquake Watch, "el verdadero desafío es transformar el recuerdo en acciones concretas que eviten que tragedias similares se repitan".
En suma, el sismo de agosto no solo sacudió el suelo turco, sino también las estructuras políticas, sociales y culturales que deben sostener una convivencia segura en una zona sísmica. La urgencia de un diálogo plural y de políticas integrales que integren ciencia, ciudadanía y gobernanza es la principal enseñanza que queda para Turquía y para el mundo.
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Fuentes: Agencia EFE, declaraciones oficiales del gobierno turco, reportes de AFAD, testimonios de ONG Turkish Earthquake Watch, análisis de expertos en sismología y urbanismo.