UDI exige a Contraloría pronunciamiento sobre desalojo en Quilpué: ¿Quién debe ejecutar la orden?

Un terreno en Quilpué que arrastra una sombra de violencia y una disputa jurídica que se extiende en el tiempo se ha transformado en el escenario de una batalla entre el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) y la familia propietaria. En agosto de 2025, la bancada de diputados de la UDI ofició a la Contraloría General de la República para que se pronuncie sobre una resolución del Serviu de Valparaíso que ordena a los dueños del terreno desalojar una toma ilegal, pero que el propio Serviu se niega a ejecutar.

El terreno en cuestión tiene una historia marcada por la violencia: Alejandro Correa, su dueño, fue asesinado en 2020 en un crimen por encargo vinculado a disputas territoriales y negocios relacionados con rellenos sanitarios. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Viña del Mar estableció en 2022 que Renato López pagó para eliminar a Correa, en medio de conflictos por los lotes ocupados posteriormente por un grupo de personas.

Valentina Correa, hija del empresario asesinado, denunció que casi un año después de que la Corte de Apelaciones ordenara demoler las construcciones ilegales en el terreno, la resolución no se ha cumplido. El Serviu, por su parte, sostiene que al tratarse de un predio privado, son los propietarios quienes deben solicitar y ejecutar el desalojo, no el organismo estatal.

Esta postura ha generado una controversia profunda y un llamado de atención desde la UDI. Los diputados Juan Manuel Fuenzalida y Hotuiti Teao calificaron la actitud del Serviu como una "conducta omisiva grave", pues el servicio se ha negado a cumplir un acto administrativo propio, sin considerar el mandato judicial que exige la demolición.

"Pareciera que el Serviu se olvidó de que la Corte de Apelaciones ya rechazó los argumentos que hoy esgrimen para no cumplir la resolución", afirmaron, subrayando que la misma resolución del Serviu contempla la posibilidad de usar la fuerza pública para concretar la demolición.

Desde la perspectiva del Serviu, su interpretación legal es que el desalojo debe ser ejecutado por los dueños, dado que el predio es privado, y que su rol es coordinar, no actuar directamente. Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada por actores políticos y sociales que ven en esta posición una falta de responsabilidad y un vacío en la protección del orden público y los derechos de propiedad.

La Contraloría, llamada a pronunciarse, enfrenta así un desafío complejo: definir si el Serviu ha incumplido sus deberes administrativos y si corresponde instruir la invalidación de la resolución o establecer responsabilidades en la omisión.

Este caso pone en evidencia las tensiones entre la administración pública, el respeto a la propiedad privada y la gestión de conflictos sociales en territorios con historia de violencia. También refleja la dificultad de aplicar con eficacia las decisiones judiciales en contextos donde las responsabilidades se diluyen y las instituciones se enfrentan a límites prácticos y legales.

En definitiva, la controversia en Quilpué no solo es un episodio puntual, sino un espejo de desafíos mayores en la gobernanza local y la administración de justicia que Chile debe resolver para evitar que la impunidad y la paralización administrativa perpetúen conflictos y sufrimientos ajenos.