
En los últimos meses, un grupo internacional de 43 expertos ha puesto en el centro del debate sanitario global a los alimentos ultraprocesados, calificándolos como "el nuevo tabaco" por su impacto devastador en la salud pública.
La revista científica The Lancet publicó en noviembre de 2025 tres estudios que constituyen el metaanálisis más completo hasta la fecha sobre este tema. Estos trabajos evidencian que el consumo creciente de ultraprocesados —productos elaborados con ingredientes baratos, aditivos y sustancias químicas nocivas— está desplazando patrones alimentarios tradicionales y aumentando la incidencia de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión y patologías renales.
El consumo diario de calorías provenientes de ultraprocesados se ha triplicado en países como España y ha mostrado incrementos significativos en América Latina y Asia. En Estados Unidos y Reino Unido, más de la mitad de las calorías consumidas provienen de estos productos.
"Reducir el consumo de ultraprocesados no puede dejarse únicamente en manos de los ciudadanos, hay que regularlo como se hizo con el tabaco", afirmó Phillip Baker, investigador de la Universidad de Sidney y uno de los autores principales.
Los estudios revelan que la industria de ultraprocesados es la más rentable del sector alimentario, con ventas globales millonarias que financian una estrategia política agresiva para proteger sus intereses. Esto incluye bloqueos a regulaciones, influencia en debates científicos, campañas publicitarias masivas y litigios para retrasar políticas públicas.
"Coordinan cientos de grupos de interés en todo el mundo, presionan a políticos y realizan donaciones para mantener su dominio", agregó Baker.
En Chile, expertos como Camila Corvalán, directora del Centro CIAPEC, respaldan la urgencia de una respuesta regulatoria. "Comprar alimentos ultraprocesados no puede ser tan barato. Hay que aumentar impuestos y destinar esos recursos a facilitar el acceso a alimentos frescos y saludables", señaló.
Sin embargo, sectores productivos y parte de la industria alimentaria plantean que una regulación excesiva podría afectar la economía y el empleo, y que la educación y la responsabilidad individual también deben jugar un rol importante.
Desde una mirada social, organizaciones de consumidores y salud pública advierten que sin medidas firmes, la desigualdad en el acceso a alimentos saludables se profundizará, afectando especialmente a las familias con menos recursos.
La evidencia científica es clara: los ultraprocesados representan un riesgo sanitario comparable al tabaco, pero con un alcance global y en expansión. La experiencia histórica con el control del tabaquismo muestra que solo con políticas públicas firmes —etiquetados frontales claros, restricción de publicidad, impuestos y exclusión en espacios públicos como escuelas y hospitales— es posible revertir tendencias dañinas.
Chile, con su alta prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas relacionadas, se encuentra en una encrucijada donde las decisiones legislativas y regulatorias en los próximos meses determinarán la salud de futuras generaciones.
El desafío es mayúsculo: enfrentar a un sector económico poderoso, equilibrar intereses sociales y económicos, y construir un sistema alimentario que priorice la salud, la equidad y la sostenibilidad.
Esta historia está lejos de cerrarse, pero la urgencia y la evidencia científica ya no permiten postergarla.