
Una red de falsificación desarticulada en Puerto Montt ha trascendido más allá de la simple acción policial. El 10 de agosto de 2025, once personas fueron detenidas en el Mall Paseo Costanera por la venta de más de 2.700 productos falsificados, valorados en aproximadamente 24 millones de pesos. Nueve de los imputados son de nacionalidad ecuatoriana y dos chilenos, un dato que ha encendido debates en torno a la migración y la informalidad económica en la región de Los Lagos.
El operativo conjunto entre Aduanas, Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Ministerio Público se originó tras denuncias de representantes legales de marcas afectadas. 'El trabajo colaborativo es fundamental para acreditar ilícitos y responsabilizar a quienes lucran con la falsificación', señaló Sergio Toro Moreno, director regional (s) de Aduanas.
La acción se enmarcó en un contexto de incremento en ventas por el Día del Niño, momento en que la circulación de productos falsificados se intensifica, según explicaron las autoridades.
Desde el punto de vista oficial, el operativo es un triunfo en la lucha contra la ilegalidad y un llamado a la conciencia ciudadana para no fomentar el comercio ilícito. Jorge Lara, director regional del SII, enfatizó que las consecuencias legales y administrativas buscan disuadir a vendedores y compradores.
En contraste, voces sociales y migrantes alertan sobre la criminalización de comunidades vulnerables. Para organizaciones que trabajan con migrantes, la detención mayoritariamente de personas ecuatorianas refleja una problemática estructural: la falta de oportunidades laborales formales que empuja a muchos a la economía informal.
'Detener a vendedores no resuelve el problema de fondo: la precariedad y exclusión social que enfrentan migrantes en regiones como Los Lagos', comentó una representante de una ONG local.
Puerto Montt, como polo comercial y turístico, enfrenta una tensión creciente entre la necesidad de controlar la ilegalidad y la realidad socioeconómica de sus habitantes. El incremento de productos falsificados se vincula también a la demanda de consumidores que buscan precios accesibles en un contexto de inflación sostenida.
El operativo, aunque exitoso en términos policiales, ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de protección social y la insuficiente integración de migrantes en el mercado laboral formal.
Este episodio revela que la venta de productos falsificados no es un fenómeno aislado ni meramente delictivo, sino un síntoma de problemas estructurales complejos: la migración, la informalidad económica y las desigualdades regionales. La respuesta estatal, aunque necesaria, enfrenta el desafío de no caer en la estigmatización y debe ir acompañada de políticas integrales que aborden las causas profundas.
En definitiva, la historia de Puerto Montt nos invita a mirar más allá del operativo policial y a reflexionar sobre cómo construir un sistema económico y social que no expulse ni criminalice a quienes buscan sobrevivir en los márgenes.
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Fuentes: La Tercera (10-08-2025), declaraciones oficiales de Aduanas y SII, testimonios de ONG locales.