Accidentes fatales en regiones: un llamado urgente a la prevención y la justicia: La tragedia que expone brechas y responsabilidades en Ñuble y Aysén

El mes pasado, dos tragedias viales golpearon con fuerza a las comunidades de Ñuble y Aysén, dejando un saldo de tres víctimas fatales y múltiples heridas, y planteando una serie de interrogantes sobre la seguridad vial y la justicia en las zonas más apartadas del país.

El 10 de octubre de 2025, Gonzalo Alvial Chandía, director del Departamento de Desarrollo Comunitario (Dideco) de Trehuaco, Región de Ñuble, perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 126-S, conocida como Ruta Los Conquistadores. El siniestro involucró a un vehículo conducido por Bárbara Orellana Lagos, quien fue formalizada por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte. Según la fiscalía, la conductora tenía 1,2 gramos de alcohol por litro de sangre y evidenciaba signos claros de intoxicación alcohólica. A pesar de la gravedad, el tribunal decidió no otorgar prisión preventiva, imponiendo arresto domiciliario total, prohibición de salir del país y suspensión de la licencia de conducir.

Un episodio similar ocurrió el 9 de agosto de 2025 en la comuna de Río Ibáñez, Región de Aysén, cuando una motocicleta colisionó contra un bus de pasajeros en el kilómetro 762 de la Ruta 7, sector El Cofré, dejando dos personas fallecidas. La investigación está en curso, con la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) a cargo de esclarecer las causas. Las condiciones climáticas, con caminos escarchados, y la velocidad imprudente han sido señaladas como factores que pudieron incidir en el siniestro.

Estas tragedias, aunque ocurridas en regiones distantes y con circunstancias distintas, comparten un hilo conductor: la vulnerabilidad de las zonas periféricas frente a la inseguridad vial y la complejidad de la justicia aplicada en estos contextos.

Desde la perspectiva judicial, el caso de Trehuaco ha generado debate. La fiscal María de los Ángeles Cáceres argumentó que la libertad de la imputada representa un peligro para la sociedad, pero el tribunal optó por medidas menos restrictivas. Para algunos sectores, esta decisión refleja una brecha en la aplicación de la justicia que podría minimizar la gravedad del delito y afectar la percepción ciudadana sobre la impunidad en casos de alcohol y muerte en la vía pública.

Por otro lado, en Aysén, la investigación aún no concluye, pero la voz de Carabineros y autoridades locales ha sido clara en hacer un llamado a la prudencia. El teniente coronel Gerardo González enfatizó la necesidad de extremar precauciones, especialmente en condiciones climáticas adversas, para evitar tragedias similares.

Las comunidades afectadas, tanto en Ñuble como en Aysén, expresan un sentimiento de pérdida y reclamo por mayores medidas de prevención y control. Líderes sociales y familiares de las víctimas demandan no solo justicia, sino también políticas públicas que aborden la educación vial, el control del consumo de alcohol al volante y la mejora de infraestructura en rutas peligrosas.

Este doble episodio pone en evidencia que la seguridad vial en Chile no es un problema exclusivo de las grandes ciudades. Las regiones, con sus particularidades geográficas y sociales, requieren atención especializada y recursos que permitan reducir la incidencia de accidentes fatales.

A partir de estos hechos, se pueden constatar varias verdades y consecuencias:

- La conducción bajo los efectos del alcohol sigue siendo una causa importante de siniestros viales con resultados fatales, y la respuesta judicial frente a estos casos puede variar significativamente, afectando la confianza ciudadana.

- Las condiciones climáticas adversas y la falta de infraestructura adecuada son factores que aumentan la vulnerabilidad en regiones como Aysén, donde la prevención debe ser prioritaria.

- La comunidad demanda una mayor articulación entre justicia, seguridad y políticas públicas para enfrentar integralmente la problemática vial, especialmente en zonas periféricas.

- Finalmente, estos accidentes recuerdan la fragilidad de la vida y la necesidad de un compromiso colectivo para evitar que más familias chilenas enfrenten tragedias similares.

El desafío está planteado: ¿será capaz el Estado y la sociedad chilena de aprender de estas pérdidas para construir caminos más seguros y justos? Por ahora, las heridas siguen abiertas y las preguntas persisten.