
En agosto de 2025, la candidatura de Jeannette Jara a la presidencia se vio envuelta en una polémica que, a estas alturas, revela más de lo que parecía en un principio. La controversia comenzó cuando Jara negó inicialmente que su programa incluyera la nacionalización del cobre y el litio, para luego reconocer que sí formaba parte de la plataforma inscrita en el Servel. Este vaivén no solo sembró dudas sobre la transparencia de su campaña, sino que abrió un debate más profundo: ¿es legítimo que una candidatura ganadora en primarias modifique radicalmente su programa para integrar a los sectores derrotados?
Desde una mirada crítica, esta práctica es cuestionable. Como señaló Gonzalo Cordero en La Tercera, "una elección primaria no debiera ser un casting para seleccionar a un protagonista, sino una forma democrática de definir la propuesta de sociedad que un sector político llevará adelante". La expectativa es que los candidatos no solo representen una persona, sino un proyecto claro y definido, que los votantes puedan respaldar con conocimiento de causa.
Por otro lado, la campaña de Jara defendió el ajuste programático como una necesidad para cohesionar una coalición más amplia y diversa, argumentando que la unidad política requiere concesiones y adaptaciones. Desde esta perspectiva, la flexibilidad es una virtud para construir mayorías y evitar fracturas internas.
Sin embargo, esta postura no ha estado exenta de críticas. Sectores más radicales dentro de la izquierda han denunciado que el cambio implica una dilución de principios fundamentales, mientras que voces moderadas advierten sobre el riesgo de perder credibilidad ante la ciudadanía. La tensión entre mantener la pureza ideológica y la pragmática construcción de alianzas se ha convertido en un eje central del debate político post-primarias.
Regionalmente, el impacto de esta disputa se siente con particular fuerza en las zonas mineras, donde la nacionalización de recursos es un tema sensible y emblemático. Comunidades y sindicatos han expresado preocupación por la ambigüedad del programa, que hasta ahora no ha logrado despejar dudas sobre el futuro manejo de los recursos naturales.
La evolución de esta historia ha dejado en evidencia una fractura no solo en el interior de la coalición de Jara, sino también en la percepción ciudadana sobre la confiabilidad de los procesos democráticos y la coherencia política. La pregunta que queda en el aire es si la flexibilidad programática es una estrategia legítima para gobernar en coalición o si, por el contrario, representa un fraude político que erosiona la confianza pública.
En definitiva, la candidatura de Jeannette Jara no solo enfrenta un desafío electoral, sino también una prueba de fuego para la integridad de la democracia representativa en Chile. La manera en que se resuelva esta tensión tendrá consecuencias visibles en la estabilidad política y en la participación ciudadana en los próximos años.