Cámara aprueba acusación contra Pardow: el futuro en manos del Senado: La batalla política que trasciende el error tarifario
El pasado 19 de noviembre, la Cámara de Diputados de Chile aprobó la acusación constitucional contra Diego Pardow, exministro de Energía, por un controvertido error metodológico que derivó en un sobrecobro inflacionario en las cuentas de la luz desde 2017. Con 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones, el libelo avanzó al Senado, que ahora debe actuar como jurado y decidir el futuro político y profesional de Pardow.
La génesis del conflicto: un error con consecuencias políticas
La acusación se sustenta en la presunta transgresión del principio de probidad y la no oportuna divulgación de un informe clave de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Además, Pardow fue cuestionado por un supuesto conflicto de interés relacionado con la vinculación laboral de su cónyuge con la empresa Transelec, que también estuvo involucrada en irregularidades de valorización de activos en 2024. Este conjunto de hechos desencadenó un juicio político que ha polarizado a la clase política y ha puesto en jaque la credibilidad del Ejecutivo.
El escenario de la Cámara: un resultado sorpresivamente dividido
Aunque la aprobación del libelo no era inesperada, el resultado fue un golpe para el oficialismo, que vio cómo 14 diputados ligados al gobierno votaron a favor de la acusación. Entre ellos, varios independientes y militantes de partidos tradicionalmente aliados, lo que revela tensiones internas y rechazos políticos más allá del caso técnico. La presencia de ministros de peso en la sala —como Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres) y Camila Vallejo (Segegob)— buscó dar un respaldo simbólico a Pardow y convencer a indecisos, aunque finalmente no fue suficiente para detener el avance del proceso.
La defensa de Pardow: legalidad versus política
En la antesala de la discusión en el Senado, Pardow ha perfilado una defensa basada en la ausencia de infracciones legales o constitucionales. “Aquí no ha habido una infracción a la Constitución ni a las leyes. Mi actuar como ministro siempre fue un estricto apego a la legalidad existente”, afirmó, anticipando que buscará convencer a los senadores de la falta de fundamento jurídico en la acusación.
No obstante, el exministro reconoció el impacto personal y profesional que tendría la sanción máxima —cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos— especialmente en su rol como profesor universitario en la Universidad de Chile. “Quedar inhabilitado de aquello es algo doloroso. Voy a hacer todo lo posible por evitarlo”, dijo con visible emoción.
Perspectivas políticas: un pulso que trasciende el caso
El episodio ha expuesto no solo un problema técnico en la gestión energética, sino también una lucha de poder entre sectores políticos. La oposición, que presentó la acusación, busca capitalizar el desgaste del gobierno y marcar un precedente en la rendición de cuentas. Por su parte, el oficialismo, dividido, enfrenta la difícil tarea de contener el daño y preservar la cohesión interna.
Además, la heterogeneidad de votos y abstenciones refleja una fragmentación que se replica en otras instancias parlamentarias, como la reciente disputa entre Senado y Cámara Baja por el bloqueo de leyes. Este contexto político tenso y polarizado configura un escenario en que la resolución del caso Pardow será también un indicador del equilibrio de fuerzas y la capacidad de diálogo entre las coaliciones.
Constataciones finales
- La aprobación en la Cámara confirma que el caso Pardow no es solo un asunto técnico, sino un campo de batalla político donde se juegan credibilidad y poder.
- La defensa legal del exministro destaca la ausencia de pruebas concluyentes de infracción, planteando un debate sobre la extensión y límites de la responsabilidad política frente a errores administrativos.
- La heterogeneidad de votos y la participación activa de ministros evidencian un Ejecutivo debilitado y dividido, con consecuencias para la gobernabilidad.
- El Senado, a la espera de la deliberación final, se enfrenta a una decisión que marcará un precedente en el uso de la acusación constitucional como herramienta política.
En suma, el caso Pardow es una tragedia política que exhibe con crudeza la fragilidad institucional y la complejidad de la política chilena actual, donde los errores técnicos se convierten en símbolos de conflictos mayores, y la justicia política se entrelaza con la pugna partidaria.