Operativo Fortaleza 3 en La Araucanía: ¿Avance contundente o reflejo de problemas estructurales?
La Araucanía volvió a ser epicentro de un despliegue policial masivo con la denominada Operación Fortaleza 3, que entre el 3 y 5 de noviembre movilizó a más de 6.000 efectivos de Carabineros y la PDI a nivel nacional. El resultado fue contundente: 2.495 personas detenidas, 452 kilos de droga incautados y decenas de armas retiradas de circulación. Sin embargo, a más de dos semanas, la magnitud del operativo invita a un análisis que va más allá del titular y la cifra.
El caso que más ha resonado es la detención de un funcionario administrativo de Sernapesca, sorprendido transportando más de 11 kilos de marihuana y cocaína en un control vehicular en Perquenco. Este hecho, confirmado por autoridades policiales y judiciales, simboliza la complejidad del fenómeno del narcotráfico y la infiltración en espacios institucionales. El fiscal Miguel Ángel Velásquez subrayó que la medida cautelar de prisión preventiva aplicada responde al peligro que representa para la sociedad la libertad del imputado.
Desde el gobierno, el presidente Gabriel Boric y el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero valoraron el operativo como un esfuerzo coordinado sin precedentes, destacando la articulación entre Carabineros, PDI, Ministerio Público y Gendarmería. El general Miguel Herrera, jefe de Zona de Carabineros en La Araucanía, destacó la eficacia en la recuperación de armas y drogas, así como la detección de ciudadanos extranjeros en situación irregular.
Pero no todos comparten esta visión. Voces desde organizaciones sociales y comunidades mapuche cuestionan que este tipo de operativos, centrados en la represión y el control policial, no abordan las causas profundas de la violencia y el narcotráfico en la región. “Se criminaliza a nuestra gente sin distinguir entre actores y víctimas,” señala un representante de una organización de derechos humanos local, quien pide mantener el anonimato por seguridad.
Por su parte, sectores políticos de oposición han puesto en duda la sostenibilidad y el enfoque de estas medidas. Algunos diputados y senadores llaman a una estrategia integral que combine seguridad con desarrollo social y diálogo intercultural, advirtiendo que la militarización puede agravar el conflicto.
La evaluación de los pasos fronterizos con Argentina, concluida semanas antes del operativo, buscaba precisamente fortalecer el control y evitar el tráfico ilícito transfronterizo. Sin embargo, la persistencia de grandes decomisos y detenciones evidencia que la problemática excede las fronteras y requiere un abordaje multidimensional.
En definitiva, la Operación Fortaleza 3 representa un capítulo más en la lucha contra la inseguridad en La Araucanía, pero también expone las tensiones de un conflicto que no se resuelve solo con despliegues policiales. La detención de un funcionario público involucrado en el tráfico de drogas es un llamado de atención sobre las vulnerabilidades institucionales, mientras que la multiplicidad de perspectivas revela que la seguridad es solo una parte del rompecabezas.
Con la mirada puesta en el futuro, las autoridades y la sociedad chilena enfrentan el desafío de construir una estrategia que no solo reduzca la violencia visible, sino que también atienda las raíces sociales, culturales y económicas que alimentan el conflicto. Solo entonces podrá hablarse de un avance verdadero y sostenible en La Araucanía.