
Un mercado laboral en tensión
Chile lleva más de dos años con una tasa de desempleo que se mantiene cercana al 9%, cifra que supera los niveles prepandemia y que, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), no ha mostrado mejoras significativas en el trimestre mayo-julio de 2025. Esta realidad ha generado un debate intenso y polarizado entre economistas, académicos y actores políticos, que va más allá de la simple estadística y toca el corazón de la política económica y social del país.
David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, sostiene con firmeza que Chile está en una crisis laboral que "lamentablemente parece haberse naturalizado". Para Bravo, las cifras no mienten: la tasa de ocupación se estancó en 56,4%, un nivel similar al registrado en 2010, un año marcado por la recuperación tras la crisis financiera internacional y un terremoto devastador. Además, apunta que el desempleo ha estado por sobre el 8% durante 31 meses consecutivos, un periodo anormalmente prolongado que debería encender alertas.
"Estas no son tasas que uno quisiera en términos de recuperación del empleo, sino que tasas que hemos visto en situaciones de crisis del mercado laboral", subraya Bravo.
La mirada crítica desde la academia: Repetto y la complejidad del diagnóstico
En contraposición, Andrea Repetto, directora de la Escuela de Gobierno de la misma universidad, plantea una lectura más matizada y menos alarmista. "El país no está en crisis, no nos estamos cayendo a pedazos", afirma, aunque reconoce que existen dificultades en el mercado laboral, especialmente en segmentos específicos como mujeres entre 25 y 59 años y hombres mayores con baja educación.
Repetto cuestiona la metodología de Bravo en cuanto a la medición de la informalidad laboral, señalando que "es bien delicado mezclar los datos de encuestas del INE con registros administrativos del sistema de pensiones porque representan cosas distintas y tienen definiciones diferentes". Desde su perspectiva, la informalidad real podría ser menor de lo que algunos diagnósticos sugieren, y atribuye la complejidad del desempleo a factores estructurales y a un crecimiento económico bajo, más que a las políticas laborales específicas.
Políticas laborales en el ojo del huracán
El debate no se limita al análisis técnico. En el centro del coliseo están las políticas impulsadas por el gobierno de Gabriel Boric, especialmente el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales.
David Bravo ha sido crítico con estas medidas, calificándolas como parte de una "agenda anti-empleo" que ha elevado los costos laborales en un contexto donde la creación de puestos de trabajo está rezagada. El desempleo afecta especialmente a micro y pequeñas empresas, que enfrentan mayores dificultades para absorber estos costos.
Por su parte, Luis Eduardo Escobar, asesor económico de la candidatura de Jeannette Jara (exministra del Trabajo), sostiene que el impacto negativo de estas políticas es marginal, estimado en un 1,5% en la creación de empleo, y que los beneficios en la calidad de vida de los trabajadores superan los costos.
"Echarles la culpa a las 40 horas, cuando lo único que se ha reducido es una hora, me parece muy exagerado", afirma Escobar, quien también cuantificó el costo fiscal del ingreso vital prometido en campaña en una décima del PIB, cifra que considera sostenible.
Disonancia en los datos sobre formalidad
Otro punto álgido es la disparidad entre las estadísticas oficiales y los registros administrativos sobre formalidad laboral. Bravo advierte una inconsistencia significativa: mientras que la encuesta del INE muestra un aumento de 363 mil cotizantes entre 2022 y 2025, los registros administrativos indican una caída de 145 mil cotizantes en el mismo periodo.
"Es crucial que el INE analice y explique esta discrepancia, porque los datos administrativos son los más firmes que tenemos", señala Bravo, enfatizando que esta anomalía afecta la comprensión real del mercado laboral.
Repetto, en cambio, sugiere que no se deben mezclar ambas fuentes para sacar conclusiones, pues representan dimensiones distintas del empleo.
Voces ciudadanas y el impacto social
Más allá de la academia y la política, el desempleo persistente ha dejado huellas profundas en la sociedad chilena. Familias que no alcanzan a cubrir sus gastos mensuales, especialmente en un contexto de inflación y costos de vida elevados, han expresado su preocupación y frustración.
Según datos oficiales, más del 92% de las familias chilenas no logran pagar todas sus cuentas a fin de mes, y más de la mitad gana menos de $620 mil mensuales. Este escenario alimenta la demanda social por soluciones urgentes y efectivas.
Conclusiones y desafíos para la política pública
Lo que emerge de esta disputa es una realidad compleja y multifacética. La evidencia apunta a un mercado laboral que no ha logrado recuperarse plenamente tras la pandemia y que enfrenta desafíos estructurales profundos, exacerbados por inestabilidad política y económica desde 2019.
El diagnóstico sobre la gravedad de la crisis laboral varía según la fuente, pero hay consenso en que el desempleo persistente y la desigualdad en las condiciones de trabajo requieren atención prioritaria.
Las políticas públicas deben equilibrar la mejora en la calidad de vida de los trabajadores con la necesidad de fomentar la creación de empleo, especialmente en los sectores más vulnerables y en las pequeñas empresas.
Finalmente, la transparencia y rigurosidad en la recopilación y análisis de datos son fundamentales para diseñar estrategias efectivas. La discrepancia entre fuentes estadísticas evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación del mercado laboral chileno.
En un país que busca superar décadas de desigualdad y construir un futuro más justo, el mercado laboral es sin duda uno de los grandes coliseos donde se juegan las esperanzas y frustraciones de millones. La invitación es a mirar con atención, escuchar todas las voces y avanzar con prudencia pero sin dilación.
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