
El 31 de julio de 2025, un derrumbre en la División El Teniente de Codelco dejó seis trabajadores fallecidos, marcando uno de los episodios más trágicos en la historia reciente de la minería chilena. A casi cuatro meses de aquel suceso, la estatal ha tomado medidas que reflejan la tensión y la urgencia de respuestas en un sector que se debate entre la seguridad laboral y la presión productiva.
El 8 de agosto, Codelco suspendió temporalmente los contratos con las empresas contratistas relacionadas directamente con el derrumbe, medida que se extendió inicialmente hasta el 13 de agosto y que ha ido prolongándose en medio de la complejidad de las investigaciones y la necesidad de garantizar condiciones seguras para el trabajo.
Desde el inicio, la acción estatal estuvo acompañada por una serie de diligencias investigativas. El fiscal regional, junto a equipos de la PDI, realizaron inspecciones y tomaron declaraciones en la zona afectada, mientras que el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) llevó a cabo múltiples revisiones para determinar causas y responsabilidades.
Las reacciones ante el derrumbe y la suspensión de contratos han sido diversas y a veces encontradas. Por un lado, sindicatos y organizaciones de trabajadores han exigido una revisión profunda de las condiciones laborales y la implementación de protocolos más estrictos. “No podemos seguir sacrificando vidas por la producción. La seguridad debe ser la prioridad absoluta”, declaró un representante sindical local.
En contraste, sectores empresariales y algunos analistas económicos han advertido sobre el impacto que estas medidas prolongadas pueden tener en la producción de cobre, un pilar fundamental para la economía chilena. “El equilibrio entre seguridad y continuidad operativa es delicado, pero esencial para no afectar la competitividad del país”, señaló un economista especializado en minería.
La Región de O’Higgins, donde se ubica El Teniente, ha sentido con especial fuerza las consecuencias sociales y económicas del accidente. Familias de las víctimas y comunidades cercanas han protagonizado manifestaciones y llamados a una mayor fiscalización y compromiso estatal. A nivel nacional, el episodio ha reabierto el debate sobre la regulación minera, la fiscalización y la responsabilidad de las grandes empresas estatales.
Tras más de 100 días desde el derrumbe, las investigaciones apuntan a una combinación de factores técnicos y humanos que derivaron en la tragedia, aunque todavía no se han formalizado cargos definitivos. La suspensión de contratos ha servido como una señal clara de Codelco para mostrar compromiso con la seguridad, pero también ha puesto en evidencia las vulnerabilidades del modelo de subcontratación en la minería.
En definitiva, el episodio en El Teniente no solo revela una falla puntual, sino que expone tensiones estructurales en la industria minera chilena. La tragedia ha dejado una herida abierta que obliga a repensar las prioridades y la gestión de riesgos en un sector clave para el país.
Las voces de trabajadores, autoridades y expertos coinciden en la urgencia de avanzar hacia un modelo que no sacrifique vidas ni ponga en riesgo comunidades, mientras que el país observa con atención cómo se resuelve este desafío que trasciende El Teniente y toca el futuro de la minería nacional.
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Fuentes: La Tercera (2025-08-08), reportes oficiales de Codelco, declaraciones de sindicatos y análisis económicos.