Jara y su apuesta por un royalty portuario: entre la crítica interna y la promesa regional

En un escenario político donde la lealtad y la crítica se entrelazan, la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara ha emergido como una figura que desafía el molde tradicional del apoyo ciego al gobierno. El 8 de agosto de 2025, Jara respaldó públicamente un proyecto para crear un "royalty portuario" durante una visita a la Región de Valparaíso, una iniciativa que busca gravar las actividades portuarias para financiar la inversión estratégica en ciudades puerto, especialmente San Antonio.

Este gesto, lejos de ser un mero apoyo técnico, ha encendido un debate en el oficialismo y la oposición. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, reconoció y respaldó los desmarques críticos de Jara hacia el gobierno, señalando que “nosotros también hemos sido críticos de algunos pasajes del gobierno”. Martínez destacó que esta postura no es una ruptura, sino una expresión de pluralidad interna y una apuesta a la mejora.

Por su parte, Jara ha denunciado la condición de San Antonio como una “zona de sacrificio”, enfatizando la necesidad de que la actividad portuaria no solo genere riqueza para empresas, sino también beneficios tangibles para la comunidad local. Su preocupación por la seguridad laboral y el impacto de la automatización en el empleo pone en el centro un dilema extendido en Chile: la modernización económica frente a la protección social.

El proyecto de royalty portuario, inspirado en el impuesto minero, propone que una parte de los recursos generados por la actividad portuaria se destine a mejoras urbanas y sociales. Jara visualiza en esta iniciativa una oportunidad para “hermosear la ciudad y generar un foco turístico”, reviviendo la histórica vocación de San Antonio.

Sin embargo, desde la oposición, las reacciones han sido mixtas. Algunos sectores cuestionan la viabilidad del royalty, argumentando que podría encarecer la actividad portuaria y afectar la competitividad del país. Otros, en cambio, ven en la propuesta una forma de corregir desigualdades estructurales y fomentar un desarrollo más equitativo.

Este episodio se inscribe en un contexto más amplio donde el oficialismo enfrenta tensiones internas y críticas públicas que desafían la narrativa homogénea del gobierno. La presidenta del Frente Amplio, el partido de Boric y Jara, destacó la importancia de reconocer estas diferencias como parte del debate democrático, sin que ello signifique deslealtad.

En definitiva, la historia de Jara y el royalty portuario es un reflejo de la complejidad política chilena actual: un juego de poder donde la crítica interna convive con la lealtad, y donde las demandas regionales y sociales presionan para redefinir el modelo de desarrollo. Los hechos muestran que no hay soluciones simples, sino un entramado de intereses y visiones en pugna.

La pregunta que queda es cómo este equilibrio entre crítica y apoyo se traducirá en políticas concretas y en qué medida logrará transformar las realidades de las ciudades puerto, que hoy siguen siendo testigos silenciosos de un conflicto que no es solo político, sino profundamente social.