
En agosto de 2025, el gobierno chileno emitió una condena formal a la invasión y ocupación de la Ciudad de Gaza por parte de Israel, un episodio que comenzó a fines de 2023 y que ha dejado un saldo devastador de víctimas y destrucción en la región palestina. Esta declaración, aunque tardía respecto al inicio del conflicto, refleja una posición clara respecto a la crisis que ha marcado un antes y un después en la política exterior chilena y en la percepción pública sobre Medio Oriente.
Desde noviembre de 2023, la operación militar israelí en Gaza ha provocado la muerte de cerca de 60 mil personas, según fuentes locales y organismos internacionales, en su mayoría civiles vulnerables: ancianos, mujeres y niños. La escalada bélica no solo ha implicado bombardeos y asesinatos selectivos, sino también una crisis humanitaria de proporciones alarmantes, con hambruna y destrucción masiva de infraestructura básica.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile señaló que la ocupación "contraviene gravemente el derecho internacional y amenaza con profundizar la crisis humanitaria, política y de seguridad en la región". Además, advirtió que esta situación coloca a Israel en la condición de potencia ocupante, con las responsabilidades jurídicas que esto conlleva bajo el derecho internacional humanitario.
La condena chilena ha sido recibida con distintos matices dentro del país y en la esfera internacional. En sectores políticos y sociales, se observa una división marcada:
- Por un lado, grupos progresistas y organizaciones de derechos humanos celebran la declaración como un paso necesario para visibilizar la crisis y apoyar la solución de dos Estados, entendida como el único camino viable para la coexistencia pacífica entre israelíes y palestinos.
- En contraposición, voces conservadoras y sectores diplomáticos advierten sobre la complejidad del conflicto, enfatizando la necesidad de un equilibrio que no desconozca las preocupaciones de seguridad israelíes ni desestime los desafíos políticos internos de la región.
A nivel global, la condena chilena se inserta en un contexto donde varios países han iniciado acciones legales ante tribunales internacionales para denunciar lo que definen como crímenes de lesa humanidad y posibles actos genocidas. Esta presión judicial y diplomática busca frenar la escalada y sentar precedentes legales, aunque enfrenta resistencias y tensiones geopolíticas profundas.
La postura chilena, aunque tardía, marca un punto de inflexión en su política exterior, reafirmando el compromiso con el derecho internacional y la búsqueda de soluciones políticas duraderas. Sin embargo, también expone las dificultades de un país distante geográficamente pero comprometido con causas globales, en un escenario donde la información y la opinión pública evolucionan rápidamente.
La crisis en Gaza no solo es un drama humanitario, sino un espejo que refleja las fracturas y dilemas del orden internacional contemporáneo. Para Chile, la lección es clara: la necesidad de articular una política exterior basada en principios sólidos y una mirada crítica que considere tanto las realidades locales como las complejidades globales.
En definitiva, la condena chilena es más que un acto diplomático; es un llamado a la reflexión profunda sobre cómo se construye la paz y la justicia en un mundo fragmentado, donde las tragedias lejanas impactan inevitablemente en nuestra conciencia y responsabilidad colectiva.
2025-08-08