Muñeca Bielorrusa: La corrupción judicial que sacudió a la Suprema y sus ecos en Chile
El escándalo conocido como "Muñeca Bielorrusa" ha dejado una marca profunda en la justicia chilena, poniendo en jaque la integridad del Poder Judicial y la credibilidad de sus protagonistas.
El 14 de noviembre de 2025, la Corte Suprema abrió un sumario administrativo contra el ministro Diego Simpertigue, tras revelarse que viajó por Europa con Eduardo Lagos, imputado en la causa, días después de fallar a favor de la empresa BelAZ Movitec en litigios contra Codelco. Este hecho no solo alimentó sospechas de parcialidad, sino que reavivó la polémica sobre la posible entrega de coimas a altos funcionarios judiciales para beneficiar a la empresa bielorrusa integrada en el consorcio CBM.
La trama de corrupción judicial, que inicialmente centró la atención en la exministra Ángela Vivanco y su entorno, ha evolucionado con nuevos actores y aristas que complejizan el caso. La Fiscalía Regional de Los Lagos, liderada por Carmen Gloria Wittwer, ha señalado que los nuevos antecedentes podrían justificar una ampliación de la investigación, aunque la decisión final recae en el fiscal nacional Ángel Valencia.
Desde la perspectiva política, la situación ha dividido opiniones. "Este caso es gravísimo y pone en tela de juicio la independencia judicial. La Suprema debe actuar con transparencia y rigor", declaró un representante del Colegio de Abogados de Chile, que ha solicitado un cuaderno de investigación similar al que llevó a la expulsión de Vivanco.
Por otro lado, sectores que defienden la presunción de inocencia del ministro Simpertigue argumentan que las relaciones personales no deberían ser interpretadas automáticamente como pruebas de corrupción, y que el sumario debe respetar el debido proceso sin prejuzgar.
En las regiones afectadas, especialmente en Los Lagos, la ciudadanía observa con creciente desconfianza cómo la justicia parece estar permeada por intereses oscuros. Una dirigente social expresó: "Cada vez que se destapan estos casos, sentimos que la justicia no es para todos, sino para quienes tienen poder y dinero".
Este caso también pone en el centro la responsabilidad de las empresas involucradas. El consorcio CBM, formado por la chilena Movitec y la bielorrusa BelAZ, está bajo sospecha de haber financiado sobornos para asegurar fallos favorables. La Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en Chile establece que las compañías pueden ser sancionadas si no demuestran programas efectivos de compliance, un aspecto que hasta ahora no ha sido esclarecido en la investigación.
La caída de Vivanco, la apertura del sumario contra Simpertigue y la posible implicancia del consorcio CBM evidencian un entramado de corrupción que trasciende individuos y apunta a fallas estructurales en el sistema judicial y empresarial chileno.
Conclusiones
La "Muñeca Bielorrusa" no es solo un caso aislado de corrupción, sino un síntoma de problemas profundos en la institucionalidad chilena. La tensión entre la necesidad de transparencia y la defensa del debido proceso crea una disonancia cognitiva que desafía a la sociedad a reflexionar sobre qué justicia quiere y cómo construirla.
La responsabilidad empresarial, la vigilancia ciudadana y la independencia judicial son ejes que deberán fortalecerse para evitar que episodios como este se repitan. Mientras tanto, queda en evidencia que la confianza institucional está en juego, y su recuperación exigirá más que sumarios y expulsiones: requerirá reformas y un compromiso real con la ética pública.
Fuentes consultadas incluyen reportajes de Reportea, declaraciones del Colegio de Abogados de Chile, y análisis de la Fiscalía Regional de Los Lagos.