Desmantelan banda que lucraba con loteos irregulares en Alto Hospicio: Un negocio que explotó la vulnerabilidad

En agosto de 2025, la Fiscalía de Alto Hospicio y la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) de la PDI lograron desarticular una organización criminal que explotaba la precariedad habitacional en la toma La Mula, en la Región de Tarapacá.

Cinco miembros de esta banda fueron detenidos tras una serie de allanamientos que revelaron un esquema sistemático de venta de loteos irregulares a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Estos terrenos, de dimensiones aproximadas 10 x 22 metros, se ofrecían bajo la falsa promesa de ser parte de un condominio con servicios básicos como luz, agua potable y recolección de basura, elementos que nunca fueron garantizados.

Según la fiscal regional Trinidad Steinert, “la banda vendía estos terrenos sin contar con las autorizaciones ni la propiedad legítima, lucrando con la esperanza de familias que buscaban un hogar digno”. Además, se registraron amenazas a quienes no cumplían con los pagos, lo que añade una dimensión de violencia y coerción a la operación.

El caso ha abierto un debate en la comunidad y en los tribunales. El Tribunal de Garantía de Alto Hospicio optó por medidas cautelares como el arraigo nacional y firma mensual para los imputados, en lugar de la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía. Este fallo ha sido apelado y la Corte de Apelaciones de Iquique tendrá la última palabra, en un proceso que pone en tensión la línea entre la justicia penal y la protección de derechos sociales.

Desde el punto de vista político, el caso ha sido interpretado de diversas maneras. Para sectores de oposición, representa un fracaso del Estado en garantizar acceso a vivienda digna y controlar el mercado inmobiliario informal. En contraste, representantes del gobierno han señalado que este tipo de delitos complejos requieren una respuesta coordinada que incluya prevención social, regulación estricta y fortalecimiento institucional.

Una dirigenta local comentó: “Estas bandas se aprovechan de la desesperación de la gente; mientras no haya soluciones reales para la vivienda, estos delitos seguirán creciendo”.

Por su parte, expertos en urbanismo y derechos humanos advierten que la criminalización exclusiva de los vendedores ilegales no resuelve el problema estructural del déficit habitacional y la informalidad territorial. Proponen un enfoque integral que considere regularización, acceso a servicios y políticas públicas inclusivas.

En términos socioeconómicos, la operación de esta banda refleja las tensiones en zonas periféricas del país donde la expansión urbana descontrolada y la falta de infraestructura generan espacios propicios para el lucro ilegal. El caso La Mula evidencia cómo la precariedad habitacional puede ser terreno fértil para la explotación y el abuso.

En conclusión, este episodio no solo desnuda una red criminal sino que también expone las fallas estructurales del sistema habitacional chileno, la insuficiente protección a sectores vulnerables y el desafío judicial de equilibrar sanción y justicia social. La resolución definitiva de este caso podría sentar precedentes en la lucha contra el delito inmobiliario informal, pero también invita a repensar las políticas públicas para que la tragedia de quienes pierden sus ahorros y su esperanza no se repita.

Fuentes consultadas: Fiscalía Regional de Tarapacá, Policía de Investigaciones (PDI), Tribunal de Garantía de Alto Hospicio, testimonios de dirigentes sociales y análisis de expertos en vivienda y derechos humanos.