
El pasado 7 de agosto de 2025, Chile tomó la decisión de suspender la importación de carne proveniente del sur de Argentina, específicamente de la Patagonia, tras una reforma sanitaria implementada por el gobierno de Javier Milei que alteró el régimen sanitario vigente desde 2008.
La medida fue anunciada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que argumentó la necesidad de proteger la sanidad ganadera local ante la autorización argentina para el movimiento interno de productos y animales susceptibles a la fiebre aftosa, una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a las especies con pezuñas y que Chile ha logrado erradicar desde 1981.
Desde la perspectiva chilena, esta reforma sanitaria representa un riesgo directo para la condición sanitaria que ha permitido a Chile mantener acceso a mercados internacionales exigentes. "Se suspendió la importación de animales y productos de origen animal provenientes exclusivamente de dicha zona", declaró el SAG, enfatizando que la suspensión busca salvaguardar la sanidad local y que se enviará una misión técnica a Argentina para evaluar la situación en terreno.
Por su parte, el gobierno argentino, a través de voceros oficiales, defendió la reforma sanitaria como una medida interna que busca flexibilizar la circulación de productos dentro del país, sin intención de afectar las relaciones comerciales con Chile. "La reforma responde a necesidades sanitarias y logísticas internas, y se mantiene el compromiso con los estándares internacionales", aseguraron.
Este conflicto sanitario ha generado una tensión diplomática entre ambos países, con sectores políticos y sociales divididos. En Chile, la oposición ha cuestionado la reacción del gobierno, señalando que la suspensión unilateral puede afectar las relaciones bilaterales y el comercio regional. Mientras tanto, productores y asociaciones ganaderas locales han respaldado la medida como una defensa necesaria para el sector.
En Argentina, algunos analistas critican la reforma sanitaria como una decisión apresurada que no consideró suficientemente el impacto en la exportación y en las relaciones internacionales, mientras que otros sectores apoyan la liberalización interna como un avance en la autonomía sanitaria del país.
A nivel regional, este episodio pone en evidencia las fragilidades de los acuerdos sanitarios binacionales y la necesidad de mecanismos más robustos para la gestión conjunta de riesgos sanitarios, en un contexto donde la integración económica y comercial es clave para ambos países.
En conclusión, el choque sanitario entre Chile y Argentina tras la reforma de Milei no es solo un problema técnico, sino un desafío político y económico que revela tensiones profundas en la relación bilateral. La suspensión de importaciones marca un punto de inflexión que obliga a ambos gobiernos a buscar soluciones conjuntas y transparentes. La misión técnica chilena que visitó Argentina en septiembre aún no ha logrado restablecer las importaciones, y el futuro del comercio de carne patagónica entre ambos países sigue en incertidumbre.
Este caso demuestra cómo decisiones internas pueden tener consecuencias internacionales inesperadas y cómo la salud pública y la economía pueden quedar atrapadas en disputas políticas. Más allá de las posiciones enfrentadas, la prioridad deberá ser garantizar la seguridad sanitaria sin sacrificar la cooperación regional, una tarea pendiente que requiere diálogo y confianza mutua.
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