Trump impulsa un censo excluyente: la batalla por la representación y el poder en EE.UU.

Un nuevo capítulo en la pugna política estadounidense se abrió en agosto de 2025, cuando el expresidente Donald Trump ordenó un censo extraordinario que excluye a los inmigrantes indocumentados, rompiendo con la tradición constitucional que obliga a contar a todas las personas residentes. Este anuncio, hecho público el 7 de agosto, desencadenó una serie de reacciones que hasta hoy mantienen al país en un estado de confrontación y debate profundo.

El origen del conflicto: un censo fuera de la norma

Desde 1790, Estados Unidos ha realizado un censo decenal que incluye a todas las personas que habitan el territorio, sin importar su estatus migratorio. El último censo oficial fue en 2020 y el siguiente está programado para 2030. Sin embargo, Trump, en su retorno al poder en 2025, ordenó a su Departamento de Comercio iniciar un nuevo conteo basado en datos posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, excluyendo a quienes carecen de documentos legales.“He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo CENSO de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024”, afirmó Trump en su red social Truth Social.

Esta decisión se enmarca en una estrategia para modificar el mapa electoral, especialmente en estados clave como Texas, donde los republicanos buscan agregar cinco escaños a la Cámara Baja.La propuesta ha generado una crisis política sin precedentes, con congresistas demócratas huyendo del estado para evitar quórum y el gobernador republicano Gregg Abbott amenazando con arrestos y destituciones.

Perspectivas enfrentadas: un choque de visiones sobre democracia y representación

Desde el ala republicana, la medida se justifica como un acto de corrección para que la representación política refleje lo que consideran población “legal”. Argumentan que la presencia de indocumentados distorsiona la asignación de escaños y recursos.

En contraposición, demócratas y organizaciones de derechos civiles denuncian una maniobra que atenta contra la igualdad y la inclusión. “Este censo excluyente es un golpe directo a la democracia y a las comunidades vulnerables que ya enfrentan múltiples barreras”, declaró la congresista demócrata Sheila Jackson Lee.

Además, expertos constitucionalistas advierten que esta iniciativa desafía la Constitución estadounidense y puede ser declarada ilegal, pues la ley establece que los censos deben realizarse cada diez años y contar a todas las personas residentes.

Impacto regional y nacional: una fractura que trasciende fronteras estatales

Texas es el epicentro de esta batalla, pero la tensión se ha expandido a otros estados como California y Nueva York, que han anunciado que podrían iniciar procesos censales paralelos en respuesta, profundizando la fragmentación política y social.

La disputa ha puesto en jaque no solo la integridad del sistema electoral, sino también la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la representación justa.

Reflexiones finales: verdades irrefutables y consecuencias visibles

Tras meses de confrontación, algunas certezas emergen. Primero, la estrategia de Trump ha logrado movilizar a ambos bandos, polarizando aún más el debate sobre inmigración y representación en EE.UU. Segundo, la legalidad del censo excluyente permanece en disputa, con tribunales federales evaluando su validez.

Finalmente, esta crisis ha expuesto la fragilidad del sistema político estadounidense ante maniobras que buscan alterar las reglas del juego para obtener ventajas electorales, poniendo en riesgo la cohesión social y la confianza ciudadana.

El escenario sigue abierto, pero lo que queda claro es que el conteo de personas, lejos de ser un mero trámite estadístico, es hoy un campo de batalla donde se juega la esencia misma de la democracia estadounidense.