El desafío de transformar la minería chilena: transparencia, permisos y gobernanza en juego

En un escenario donde la minería chilena se encuentra en una encrucijada, la reciente adhesión de Chile a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) en 2025 representa un punto de inflexión. Este paso, más allá de un gesto simbólico, abre una oportunidad inédita para mejorar la confianza de inversionistas y comunidades, a través de la publicación rigurosa de contratos y beneficiarios finales, especialmente en proyectos estratégicos como el litio y nuevas iniciativas extractivas.

Sin embargo, la esperanza de un salto cualitativo convive con la cruda realidad de la permisología que mantiene paralizados más de US$ 12.000 millones en proyectos mineros. Este fenómeno, denunciado por expertos y actores del sector, no solo retrasa inversiones sino que erosiona la competitividad del país. La consulta indígena, establecida en el Convenio 169 de la OIT y ratificada por Chile, se ha convertido en un cuello de botella, extendiendo procesos que en la práctica superan los 600 días hábiles, muy por encima del plazo teórico de 125 días. Esta situación, según cálculos del Centro de Estudios Públicos (CEP), implica una pérdida equivalente a un 7,3% del PIB nacional.

"La permisología es un drama que afecta el crecimiento económico y la inversión en Chile", advierte Rodrigo Meléndez Barrena, Subdirector Ejecutivo de Res Publica, reflejando el sentir de un sector que reclama urgencia y reformas profundas.

La entrada en vigor de la EITI también pone el foco en la gobernanza de las empresas estatales. Codelco y ENAMI, pilares de la minería estatal, deberán transparentar sus transferencias, deudas y procesos de gobierno corporativo, un movimiento que podría mejorar su reputación y disminuir costos de financiamiento, pero que también obliga a la sociedad y a los políticos a evaluar su desempeño con mayor rigor y sin concesiones.

Desde el mundo empresarial, el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán, identifica tres tareas prioritarias para aprovechar esta coyuntura: publicar contratos y beneficiarios, construir un data room nacional que agilice trámites y permisos, y aplicar con disciplina las exigencias de gobierno corporativo en las empresas públicas. "Convertir datos en confianza es el camino para una minería más verde, transparente e integrada a la sociedad", señala Guzmán.

No obstante, las voces no son unánimes. Algunos sectores sociales y políticos alertan que la urgencia por acelerar proyectos no debe sacrificar la calidad de las consultas y la protección de los derechos territoriales, enfatizando la necesidad de un diálogo genuino y no solo formalidades administrativas.

Por su parte, las comunidades regionales afectadas por la minería demandan mayor participación y beneficios directos, cuestionando que la transparencia sin inclusión real puede resultar insuficiente para resolver los conflictos sociales que persisten.

En definitiva, el desafío que enfrenta Chile no es solo técnico ni económico, sino profundamente político y social. La minería, motor histórico del desarrollo nacional, se encuentra en una encrucijada donde la transparencia y la gobernanza pueden ser el puente hacia un futuro sostenible o el escenario de un desencuentro prolongado.

Las consecuencias visibles de esta tensión ya se reflejan en proyectos detenidos, incertidumbre regulatoria y un debate público intenso que no muestra señales de amainar. La pregunta que queda es si Chile logrará traducir esta coyuntura en reformas efectivas que equilibren inversión, respeto a derechos y sostenibilidad, o si seguirá pagando el alto costo de oportunidades perdidas.