
Una semana, dos tragedias en Recoleta. El 6 de noviembre, un hombre adulto mayor fue baleado mientras conducía por calle Juárez Larga, resultando fatalmente herido. Horas después, el 10 de noviembre, un bus de transporte público se incendió en plena avenida Recoleta debido a una posible falla mecánica, obligando a evacuar a los pasajeros y desviando el tránsito por horas.
La víctima, de nacionalidad peruana y cerca de 60 años, fue interceptada por un grupo desconocido que abrió fuego contra su vehículo. La Fiscalía y la PDI desplegaron a la Brigada de Homicidios para investigar, enfocándose en posibles bandas criminales que operan en el sector. “Estamos analizando la existencia de bandas en el lugar que pudieran ser la causa del homicidio”, explicó la fiscal Denisse Valenzuela.
En medio de la conmoción, las autoridades descartaron un robo como móvil, ya que las pertenencias del fallecido estaban intactas. Sin embargo, la violencia y la impunidad que rodean a Recoleta vuelven a ser objeto de debate entre vecinos y expertos.
Cuatro días después, un bus del recorrido B02 se incendió en avenida Recoleta frente al Cementerio General, aparentemente por una falla mecánica. El conductor y los pasajeros lograron evacuar sin lesiones, pero el incidente paralizó el tránsito y generó preocupación sobre el estado del transporte público.
Desde la Municipalidad, se reconoció la necesidad de mejorar la mantención de vehículos y la supervisión técnica. Sin embargo, usuarios y dirigentes sindicales apuntan a la precariedad del sistema y la presión sobre los conductores como factores que agravan la seguridad.
Las autoridades policiales y municipales sostienen que ambos hechos son aislados pero reflejan la necesidad de reforzar la seguridad y la infraestructura. “Estamos trabajando para que estos episodios no se repitan, con más fiscalización y apoyo a los conductores”, afirmó un representante del Ministerio de Transportes.
En contraste, organizaciones vecinales y académicos advierten que estos eventos son síntomas de problemas estructurales profundos: desigualdad, falta de espacios públicos seguros y un sistema de transporte sobrecargado y mal gestionado.
“La violencia y las fallas en el transporte no pueden verse como incidentes aislados, sino como manifestaciones de una ciudad fragmentada y vulnerable”, sostiene la socióloga María Fernández.
Estos episodios ocurridos en menos de una semana en Recoleta ponen en evidencia la intersección entre inseguridad ciudadana y deficiencias en servicios públicos esenciales. La violencia armada, por un lado, y el deterioro del transporte, por otro, no solo afectan la calidad de vida de los vecinos sino que también tensionan la gobernanza local y la percepción de seguridad.
La investigación en curso sobre el homicidio podría arrojar luz sobre las redes criminales que operan en la zona, mientras que el incendio del bus abre un debate urgente sobre el mantenimiento y la regulación del transporte público.
En definitiva, Recoleta enfrenta un desafío que va más allá de los hechos puntuales: construir un entorno urbano seguro, eficiente y justo, donde la tragedia no sea la norma sino la excepción.