
Un escenario de tensiones y promesas ha marcado la discusión pública sobre el futuro de la minería en Chile, uno de los pilares económicos del país. Cinco figuras presidenciales —Jeannette Jara (PC), José Antonio Kast (Republicano), Evelyn Matthei (Chile Vamos), Johannes Kaiser (PNL) y Franco Parisi (PDG)— participaron en agosto en el conversatorio “El Futuro de la Minería en Chile”, organizado por estudiantes de la Escuela de Ingeniería UC. La cita reunió propuestas que van desde la simplificación regulatoria hasta la innovación tecnológica y el desarrollo regional.
Franco Parisi abrió el debate enfatizando la centralidad de los trabajadores mineros. “Yo quiero hablar donde me duele a mí, de las personas”, afirmó, proponiendo medidas como el voto remoto para los trabajadores en faenas durante elecciones y la eliminación del cobro del bono por término de conflicto laboral en el global complementario. Su enfoque apunta a una mirada social, con un llamado a concesionar la extracción de litio para acelerar inversiones, incluyendo participación accionaria para pueblos originarios.
Evelyn Matthei destacó la necesidad de acortar los extensos tiempos burocráticos que pueden demorar hasta una década la aprobación de proyectos mineros, especialmente por certificaciones ambientales. “Estamos proponiendo una simplificación de todos los permisos, tiempos mucho más cortos”, dijo, comparando con países que logran procesos en uno o dos años. Además, planteó una reducción del impuesto de primera categoría del 27% al 23% y estabilidad tributaria mediante un D.L. 600 para atraer inversiones. Matthei también llamó la atención sobre el abandono de ciudades mineras como Calama y Antofagasta, donde el desarrollo económico no ha permeado en la calidad de vida local.
José Antonio Kast hizo un balance crítico: Chile pasó de aportar el 37% de la producción mundial de cobre hace 20 años a solo un 24% en 2025. Atribuye esta caída a un clima adverso para los negocios, marcado por violencia, burocracia excesiva, incertidumbre regulatoria y temores de nacionalización. Su propuesta clave es la “facilitación regulatoria”, que busca ordenar y simplificar el sistema ambiental y de permisos para atraer capitales extranjeros y recuperar competitividad.
Johannes Kaiser fue el más duro en su crítica al rol del Estado. Acusó a la política de haber subido la carga tributaria de manera excesiva y a la regulación ambiental y de derechos indígenas como obstáculos para la inversión. “El indigenismo, el ambientalismo extremo, se han transformado en obstáculos para generar la riqueza que Chile necesita”, afirmó, proponiendo una despolitización y modernización de organismos como Cochilco y SERNAGEOMIN.
Jeannette Jara puso el foco en la innovación y el desarrollo tecnológico asociado a la minería. Citó el ejemplo australiano, donde la industria tecnológica vinculada a la minería aporta el doble al PIB que la extracción en sí. “Que bueno sería que Chile también pudiese tener un desarrollo de esa naturaleza”, señaló, proponiendo además impulsar la pequeña y mediana minería regional, que genera un encadenamiento económico tres veces mayor que la gran minería. Valoró el royalty minero vigente y llamó a continuar racionalizando los procesos de permisos, sin descuidar el respeto ambiental.
Estas posturas reflejan tensiones profundas entre distintas prioridades y visiones sobre el rol del Estado, el mercado y la sociedad en la minería. Mientras algunos candidatos apuestan por la desregulación y la reducción de impuestos para atraer inversión, otros enfatizan la necesidad de fortalecer la innovación tecnológica, la justicia social y el desarrollo regional.
El debate también revela el desafío de equilibrar la urgencia de acelerar proyectos mineros con la necesidad de respetar estándares ambientales y sociales, en un país donde la minería impacta directa e indirectamente en comunidades vulnerables.
La minería chilena enfrenta una encrucijada que no solo implica cifras de producción o impuestos, sino también el significado de su desarrollo para el país. La caída relativa en la producción mundial de cobre ha encendido alarmas sobre la competitividad y la capacidad de atraer inversiones en un contexto global más exigente y con mayor conciencia ambiental.
Las propuestas de agilizar trámites y estabilizar la carga tributaria buscan responder a esta urgencia, pero enfrentan críticas legítimas sobre riesgos de desprotección ambiental y social. La apuesta por la innovación tecnológica y el desarrollo de la minería regional abre una vía para diversificar el impacto económico y social del sector, aunque requiere voluntad política y coordinación multisectorial.
Finalmente, el debate exhibe un país dividido sobre cómo interpretar y gestionar su principal riqueza natural. En este coliseo de ideas, la minería no es solo un recurso, sino un espejo donde se reflejan las tensiones entre crecimiento, justicia, ambiente y futuro.
Fuentes: La Tercera, Escuela de Ingeniería UC, declaraciones públicas de candidatos presidenciales en agosto de 2025.