El debate sobre la TNE: ¿un derecho estudiantil o una norma en crisis?: La disputa que enfrenta al gobierno, la Contraloría y los estudiantes en torno al uso ilimitado del pase escolar

En pleno 2025, la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE) se ha convertido en un campo de batalla simbólico y real entre distintos actores políticos, sociales y administrativos. El 11 de julio de este año, la Contraloría General de la República emitió un dictamen que reafirmó que la TNE solo puede usarse con motivo de estudio, conforme al Decreto N° 20 de 1982. Esta interpretación restrictiva chocó frontalmente con la práctica social y las normativas internas de Junaeb, que desde hace años promueven un uso ilimitado del pase, las 24 horas, los 365 días del año, sin importar si el destino es un establecimiento educacional.

La controversia escaló hasta llegar al presidente Gabriel Boric, quien intervino para asegurar que el gobierno buscará alinear las normativas y garantizar el uso irrestricto de la TNE. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que se están trabajando modificaciones para resolver la contradicción entre el decreto y las circulares actuales. Esta disputa no es solo legal, sino que también social y política, pues pone en escena la tensión entre la letra fría de la ley y la realidad vivida por miles de estudiantes en todo Chile.

Desde la perspectiva del gobierno y las organizaciones estudiantiles, el uso ilimitado de la TNE es un derecho que reconoce que ser estudiante no se limita a horarios ni espacios formales. “Ser estudiante es una condición 24/7”, afirmó el diputado Jorge Brito (FA), impulsor de un proyecto de ley para garantizar este derecho. Para ellos, cualquier restricción horaria o de propósito vulnera el acceso a la educación y la movilidad, especialmente en contextos sociales donde el transporte público es esencial para la inclusión.

En cambio, sectores más conservadores y ciertos actores vinculados al transporte público advierten sobre los riesgos de una fiscalización débil. Hugo Rey (RN) señaló que es vital aclarar las normas para evitar conflictos entre choferes y estudiantes, y que el Ministerio de Educación debe reunirse con la Contraloría para despejar estas dudas. Para ellos, la normativa actual busca evitar el uso indebido del beneficio y asegurar que se cumpla su finalidad original.

En el plano regional, esta disputa tiene impactos diferenciados. En zonas urbanas con transporte público consolidado, la TNE es un instrumento cotidiano y fundamental para la movilidad estudiantil. En cambio, en regiones más aisladas, donde el transporte es escaso o irregular, la incertidumbre normativa genera inseguridad y puede afectar la continuidad educativa.

Las voces ciudadanas reflejan esta tensión. Por un lado, estudiantes y sus familias reclaman claridad y garantías para su derecho a la movilidad; por otro, conductores y operadores piden reglas claras para evitar abusos y conflictos.

Tras meses de debate y gestiones, la realidad es que la TNE se ha convertido en un espejo que refleja problemas estructurales más profundos: la desconexión entre leyes antiguas y prácticas sociales actuales, la fragmentación institucional y la necesidad de políticas públicas que respondan a la diversidad de experiencias estudiantiles.

En conclusión, la disputa sobre la TNE no es solo sobre un pase de transporte, sino sobre cómo el Estado chileno reconoce y responde a la realidad multifacética de la educación y la movilidad. La intervención presidencial y las gestiones en curso muestran la voluntad política de resolver la contradicción, pero también evidencian la complejidad de armonizar normativas con las demandas sociales. Lo que queda claro es que el debate seguirá siendo un termómetro de las tensiones entre formalidad y práctica, entre control y derechos, y entre el pasado normativo y el presente social.