A más de dos meses de la mediática formalización que sacudió el panorama político-judicial, el caso de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, ha transitado desde el estruendo inicial hacia un laberinto de decisiones procesales que invitan a una reflexión más profunda. Lo que comenzó en enero con graves imputaciones por fraude al fisco, evolucionó en abril hacia un escenario que desafía las narrativas simplistas, marcado por un giro inesperado en la estrategia de la Fiscalía y una serie de fallos que han puesto en tela de juicio la consistencia de las medidas cautelares en Chile.
La cronología es elocuente. Tras ser formalizada por un presunto desfalco que superaría los 30 mil millones de pesos, la exjefa comunal fue enviada a prisión preventiva, medida justificada por el tribunal de primera instancia al considerarla un "peligro para la seguridad de la sociedad". Sin embargo, la historia judicial dio un vuelco el 9 de abril, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida, sustituyéndola por arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. El argumento del tribunal superior fue clave: la prisión preventiva no era la única medida idónea para asegurar los fines del procedimiento.
El punto de inflexión más significativo llegó el 15 de abril. En una nueva audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente sumó más cargos contra Barriga: dos delitos de malversación de caudales públicos —uno por la supuesta contratación de niñeras con fondos municipales y otro por el pago de asesorías legales para asuntos personales— y uno de negociación incompatible por el uso de la marca municipal "Fuerza de Mujer" para fines particulares. Contrario a todas las expectativas y a su propia insistencia previa, la fiscalía no solicitó la prisión preventiva. En su lugar, pidió mantener las cautelares ya vigentes, una decisión que fue acogida por el tribunal.
Este cambio de guion revela un complejo cruce de estrategias y principios legales.
El caso Barriga resuena con un debate más amplio en la sociedad chilena sobre la igualdad ante la ley y la percepción de una "justicia para ricos y otra para pobres". La alta exposición mediática de la exalcaldesa, figura proveniente del espectáculo, añade una capa de complejidad, donde lo judicial se entrelaza con lo político y lo mediático. La pregunta que emerge es incómoda: ¿el sistema judicial está aplicando criterios garantistas que a menudo se ignoran en casos de menor perfil, o está cediendo ante la estrategia de una defensa influyente? La decisión de la Corte de Apelaciones de separar la gravedad de los hechos de la estricta necesidad de la prisión preventiva obliga a cuestionar si la opinión pública y los medios a menudo confunden esta medida cautelar con una condena anticipada.
Con un plazo de investigación adicional de 30 días decretado a mediados de abril, el caso se encamina hacia su fase decisiva: la acusación formal y el juicio oral. Las idas y venidas de las medidas cautelares han concluido, al menos por ahora. La atención se centra en si la Fiscalía podrá sostener en un juicio la contundencia de sus acusaciones iniciales y lograr una condena que refleje el masivo perjuicio fiscal imputado. Mientras tanto, el proceso deja una estela de interrogantes sobre la coherencia, la predictibilidad y la comunicación de las decisiones en el sistema de justicia penal chileno.