Indignación y estancamiento en Quilpué: el asesinato de Negrito y la disputa por los terrenos de Alejandro Correa

Un disparo que resonó más allá de la noche en Quilpué dejó un eco de indignación y cuestionamientos que aún persisten a dos meses del asesinato de Negrito, el perro comunitario del Hospital de Quilpué, abatido por un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI). La escena se desarrolló en las inmediaciones del centro asistencial, un lugar que debería ser refugio y seguridad, y terminó convertido en escenario de violencia y dolor para la comunidad hospitalaria y vecinos.

Negrito, un can envejecido y querido por muchos, fue baleado a la medianoche del 13 de septiembre de 2025, tras ladrar a un individuo que se identificó como funcionario policial. El hecho, más allá de la pérdida de una vida animal, puso en evidencia un uso desmedido y cuestionable de la fuerza en un espacio público con alta concurrencia.

Las voces de la comunidad hospitalaria, representadas en la figura de Eduardo Molina, presidente de la Fenpruss del Hospital, y la alcaldesa Carolina Corti, convergieron en la exigencia de justicia y sanciones ejemplares. La Municipalidad de Quilpué y diversas organizaciones presentaron querellas criminales, mientras que el delegado presidencial Fidel Cueto aseguró una investigación rigurosa a cargo del Ministerio Público.

No obstante, la tragedia de Negrito no es un episodio aislado en Quilpué. A pocos kilómetros y en el mismo municipio, otro conflicto ha marcado la agenda pública y judicial: la disputa por terrenos vinculados al asesinato por encargo del empresario Alejandro Correa en 2020.Desde hace casi un año, una toma ilegal persiste en un predio privado donde se ordenó judicialmente la demolición de construcciones ilegales. Esta demora ha generado una profunda indignación en la familia Correa y en sectores políticos, en especial la bancada de la UDI, que ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República para esclarecer la negativa del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso a ejecutar el desalojo.

El Serviu arguye que la responsabilidad del desalojo recae en los propietarios, mientras que la familia y expertos legales denuncian una falta de voluntad política y una omisión grave en el cumplimiento de resoluciones judiciales. La abogada Jeannette Bruna, representante de la familia, ha calificado la situación como una "negligencia funcionarial" que no solo prolonga la injusticia, sino que también afecta la seguridad y el orden público en la comuna.

Este doble escenario —el asesinato de un símbolo comunitario y el estancamiento en el cumplimiento de la justicia sobre terrenos conflictivos— pone en el centro un debate más amplio sobre la responsabilidad institucional, la seguridad pública y el respeto a la ley en Quilpué.

Desde una perspectiva política, la controversia ha polarizado opiniones. Mientras sectores conservadores exigen mano dura y sanciones inmediatas, voces progresistas llaman a una reflexión sobre el uso de la fuerza, el trato hacia los animales y la necesidad de políticas públicas que aborden la conflictividad territorial con enfoque social y legal.

En la comunidad, la indignación se mezcla con la impotencia. Vecinos que conocieron a Negrito como un compañero cotidiano y trabajadores del hospital que lo cuidaban, sienten que la violencia ha irrumpido en su cotidianeidad de forma abrupta y dolorosa. Por otro lado, la familia Correa y sus representantes viven la frustración de ver cómo la justicia tarda en materializarse en hechos concretos, mientras la toma ilegal continúa alimentando la inseguridad y la tensión social.

Este episodio también refleja un problema estructural en la gestión pública chilena: la falta de coordinación efectiva entre instituciones para hacer cumplir la ley, en particular cuando se trata de terrenos privados con conflictos sociales y judiciales complejos. La asignación de responsabilidades, la ejecución de órdenes judiciales y la protección de espacios públicos parecen quedar atrapadas en un limbo burocrático y político.

Como señaló el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), "los fallos hay que cumplirlos y no cuestionarlos", mientras que la abogada Bruna enfatiza que "el Serviu debe tomar todas las medidas necesarias para coordinar con otras autoridades el desalojo y la demolición, no puede trasladar la responsabilidad a particulares".

En definitiva, la historia de Negrito y la disputa de los terrenos Correa en Quilpué no solo es un relato de violencia y conflicto, sino un espejo que refleja las tensiones entre justicia, seguridad, institucionalidad y comunidad en Chile hoy.

Verdades y consecuencias claras:

- El asesinato de Negrito por un funcionario policial constituye un caso emblemático de maltrato animal y abuso de autoridad, que ha movilizado a la comunidad y las instituciones.

- La demora en el desalojo y demolición de construcciones ilegales en terrenos privados vinculados a un crimen por encargo revela fallas en la coordinación institucional y voluntad política.

- La tensión social en Quilpué está marcada por la confluencia de conflictos territoriales, violencia y demandas ciudadanas por justicia y seguridad.

Este escenario exige no solo sanciones ejemplares y cumplimiento judicial, sino una reflexión profunda sobre cómo el Estado y las instituciones abordan las complejidades sociales y legales que atraviesan a las comunidades chilenas en la actualidad.