El riesgo de ser exPresidente en América Latina: Una cuenta pendiente entre justicia y revancha

En los últimos años, América Latina ha visto cómo sus expresidentes se han convertido en protagonistas de un fenómeno inquietante: el enjuiciamiento judicial masivo tras abandonar el poder. Desde Brasil hasta Perú, pasando por Argentina, Colombia y Bolivia, exmandatarios enfrentan condenas, procesos y penas que, aunque en algunos casos responden a delitos comprobados, también dejan entrever un uso político de la justicia.

Este fenómeno no es nuevo, pero su intensidad y visibilidad han aumentado, revelando una compleja trama donde la justicia y la revancha política se entrelazan con consecuencias profundas para la democracia regional.

El escenario judicial como campo de batalla político

En Brasil, el caso de Jair Bolsonaro ilustra la tensión entre la justicia y la política: arresto domiciliario y restricciones judiciales por su presunto intento de golpe de Estado en 2023 han marcado su salida del escenario político activo, mientras que el actual presidente Lula da Silva se prepara para la reelección. La vía judicial ha funcionado como un mecanismo para neutralizar adversarios, en un contexto donde las instituciones parecen tanto firmes como permeables a intereses políticos.

En Argentina, la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción y uso de testaferros ha sido celebrada por quienes exigen transparencia, pero también ha sido criticada por sectores que la ven como una maniobra para eliminar a la principal figura opositora con mayor respaldo popular.

Colombia y Bolivia presentan casos similares, con Álvaro Uribe y Jeanine Áñez enfrentando procesos que coinciden con cambios en el poder político y que, según analistas, podrían responder a una justicia selectiva.

Voces contrapuestas: justicia, impunidad y revancha

Desde una perspectiva progresista, estos procesos son un avance en la lucha contra la impunidad y la corrupción endémica que ha marcado a la región. Según la investigadora María Fernández, "la rendición de cuentas es indispensable para fortalecer la democracia y evitar que los poderosos estén por encima de la ley".

Sin embargo, desde sectores conservadores y algunos observadores independientes, se advierte que el uso tardío y selectivo de la justicia puede ser instrumento de persecución política. El analista político Rodrigo Méndez señala que "la justicia convertida en arma política erosiona la confianza ciudadana y fomenta la polarización extrema".

Ciudadanos comunes, por su parte, muestran una mezcla de esperanza y escepticismo: valoran que se investigue a los poderosos, pero temen que estas prácticas se conviertan en un ciclo interminable de venganzas que paralice la gobernabilidad.

Consecuencias visibles y lecciones para la región

La práctica extendida de enjuiciar exmandatarios una vez fuera del poder genera una paradoja: en lugar de promover una alternancia política saludable, refuerza la percepción de que el poder ofrece inmunidad y que la justicia llega solo con retraso y condicionada. Esto puede incentivar que los actuales gobernantes se aferren al poder para evitar ser perseguidos, debilitando la democracia.

Además, este fenómeno afecta la cultura política, polarizando a la sociedad y dificultando acuerdos básicos para el desarrollo.

Constataciones finales

La región enfrenta una encrucijada. La justicia debe actuar con independencia y rigor, pero también con oportunidad y equidad, para evitar que la persecución política mine la confianza en las instituciones.

El desafío está en construir sistemas judiciales que no sean ni impunes ni vengativos, que garanticen la igualdad ante la ley sin convertirse en instrumentos de revancha. Solo así América Latina podrá transformar el riesgo de ser exPresidente en un honor que fortalezca la democracia y no un destino de vulnerabilidad y fractura social.

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Fuentes consultadas: Diario Financiero (2025), análisis de expertos en derecho y ciencia política, entrevistas con ciudadanos y líderes sociales en varios países latinoamericanos.