Reforma tributaria y reavalúo: El pulso político que define el futuro fiscal de Chile

Un proyecto en pausa y un país expectante. Desde julio de 2025, la reforma tributaria que incluye el reavalúo de propiedades no agrícolas ha enfrentado un camino tortuoso en el Congreso. A más de cuatro meses de su ingreso, el texto permanece prácticamente congelado en la Comisión de Hacienda de la Cámara, con un debate político que ha expuesto tensiones profundas entre oficialismo y oposición.

El origen del conflicto

El proyecto, presentado inicialmente por el entonces ministro Mario Marcel, buscaba modernizar la tributación, incorporando beneficios para la clase media y un nuevo sistema para PYMEs. Entre sus medidas más controvertidas destaca la postergación del reavalúo de propiedades, que originalmente debía comenzar a regir en enero de 2026.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) trabaja en una nueva metodología para el cálculo de contribuciones, pero el proceso técnico no estará listo a tiempo. Esto ha abierto la puerta a la posibilidad de aplazar el reavalúo hasta 2027, una medida que genera consenso en algunos sectores, pero rechazo en otros.

Perspectivas encontradas

En la oposición, especialmente dentro de Republicanos y Chile Vamos, existe un consenso en separar el proyecto para tramitar por un lado los beneficios para PYMEs y la clase media, y por otro la postergación del reavalúo. Frank Sauerbaum (RN) sostiene que "no existen las condiciones políticas ni el tiempo material para que una reforma de esta complejidad se discuta y despache antes del fin del actual período".

Agustín Romero (Republicanos) propone que "la postergación del reavalúo habitacional avance de inmediato para dar un respiro a la clase media". Sin embargo, en el oficialismo, voces como Boris Barrera (PC) insisten en que el proyecto debe tramitarse de manera integral para proteger a la clase media y PYMEs simultáneamente.

Juan Santana (PS) advierte que "es un asunto de gran contenido técnico y se debe analizar con responsabilidad para votar adecuadamente".

La clase media y las PYMEs en el centro del debate

El aumento en las contribuciones de bienes raíces ha generado malestar en sectores de la clase media, especialmente adultos mayores, quienes enfrentan incrementos significativos en sus impuestos territoriales. Esta situación ha sido un tema recurrente en campañas presidenciales y es uno de los núcleos programáticos de varios candidatos.

Por otro lado, la reforma busca fortalecer la tributación de PYMEs, pero enfrenta críticas por la complejidad y carga que impone. Como destacó Soledad Recabarren, socia de Recabarren & Asociados, en agosto de 2025, el régimen tributario para PYMEs tiende a imponer obligaciones y tasas crecientes que podrían desincentivar su desarrollo.

¿Una solución en la Ley de Presupuestos?

Ante la dificultad de avanzar en la reforma integral, la opción de incluir la postergación del reavalúo dentro de la Ley de Presupuestos 2026 ha ganado terreno.

Felipe Donoso (UDI) señala que "el Gobierno puede congelar contribuciones a través de la Ley de Presupuesto o un proyecto aparte". Esta vía permitiría dar un alivio temporal a la clase media mientras se resuelven los aspectos técnicos y políticos del reavalúo.

Constataciones y consecuencias

Este episodio revela varias verdades sobre la política fiscal chilena en 2025:

- La complejidad técnica y política de las reformas tributarias exige consensos amplios que hoy no existen.

- El equilibrio entre la necesidad de recaudar y la protección de sectores vulnerables es frágil y genera tensiones profundas.

- La postergación del reavalúo, aunque técnica, se ha convertido en símbolo de la disputa política y social sobre la justicia tributaria.

Para la clase media y las PYMEs, el desenlace de esta historia definirá no solo su carga fiscal, sino también la confianza en la capacidad del Estado para implementar políticas equitativas y eficientes. Mientras tanto, el Congreso y el Ejecutivo siguen en un duelo que, a estas alturas, parece menos una negociación y más un desafío de resistencia.

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Fuentes: Diario Financiero (2025-10-09), análisis de expertos tributarios, declaraciones parlamentarias en Comisión de Hacienda.