Rebaja en las cuentas de la luz: un alivio esperado con tensiones políticas y desafíos técnicos

En medio de un debate que ha marcado la agenda económica y social durante las últimas semanas, la propuesta del equipo de Jeannette Jara para reducir las cuentas de la luz en un 20% promedio ha comenzado a tomar forma, mostrando no solo un alivio para los bolsillos de las familias chilenas, sino también una escena de tensiones y desafíos técnicos que reflejan las complejidades del sistema eléctrico nacional.

El 4 de noviembre de 2025, Luis Eduardo Escobar, asesor económico de Jara, detalló que se garantizará un umbral de consumo básico de 85 kWh mensuales por hogar, con una reducción promedio del 20% en la tarifa eléctrica. Este umbral corresponde al consumo vital para una familia promedio, incluyendo iluminación, refrigeración y comunicaciones esenciales. Para los hogares del quintil más bajo, la rebaja propuesta alcanza un 40%, buscando así un impacto social progresivo.

Pero no todo es consenso en el escenario político. En el oficialismo, el debate sobre la política económica ha sido intenso durante meses, con el equipo de Jara ajustando su relato y alejándose de propuestas iniciales más ambiciosas y menos realistas, como el aumento del salario mínimo a $750 mil. Escobar ha sido enfático en que "el número no es lo relevante", sino el objetivo de mejorar la calidad de vida, lo que ha generado inquietud y división dentro del Partido Comunista y el Socialismo Democrático. Esta misma dinámica se refleja en la propuesta eléctrica, donde la viabilidad técnica y económica del plan se pone a prueba.

Desde una perspectiva técnica, la reducción tarifaria se apoyará en un novedoso mecanismo de compras especiales de energía. Este mecanismo incluye una licitación competitiva de suministro a corto plazo para abastecer el Consumo Eléctrico Vital (CEV), bajo un esquema que asegura la compra garantizada de la energía adjudicada. Según Escobar, esta estrategia permitirá obtener energía a precios más competitivos y trasladar esos beneficios directamente a las familias, respetando los contratos vigentes y sin desestabilizar el mercado.

Además, se contempla la promoción de proyectos de propiedad conjunta para expandir la generación distribuida, con el objetivo de llegar a un millón de hogares que podrían beneficiarse con descuentos en sus cuentas por hasta 20 años. Esta apuesta por la descentralización energética busca no solo abaratar costos, sino también fomentar la sustentabilidad y la participación ciudadana.

Sin embargo, voces críticas advierten que la propuesta enfrenta riesgos significativos. Desde la oposición y algunos expertos, se señala que la reducción tarifaria podría presionar a las empresas distribuidoras y generar tensiones en el sector energético, afectando inversiones futuras. También se cuestiona si el mecanismo de licitación y generación distribuida podrá sostenerse en el tiempo, dado el contexto global de precios volátiles y la transición energética.

Desde regiones, usuarios y organizaciones sociales han expresado esperanza por un alivio tangible en sus cuentas, pero también desconfianza ante la falta de detalles concretos y la historia de incrementos abruptos tras descongelamientos tarifarios anteriores.

Esta historia, que comenzó con un foco en la urgencia de contener el impacto de la inflación y la crisis energética, ha evolucionado hacia un escenario donde convergen intereses políticos, técnicos y sociales, con consecuencias que se extienden más allá de una simple rebaja en la boleta eléctrica.

Al cierre de este análisis, dos certezas emergen: la propuesta de Jara y su equipo representa un intento serio y estructurado por aliviar la carga energética de las familias chilenas, pero también pone en evidencia las dificultades de implementar políticas públicas en un sector complejo y polarizado. La tensión entre la urgencia social y la sustentabilidad económica y técnica del sistema eléctrico será el gran desafío que enfrentará el próximo gobierno, y la ciudadanía observará expectante si esta promesa se traduce en un beneficio real y duradero.

Fuentes consultadas incluyen entrevistas a Luis Eduardo Escobar publicadas por La Tercera, análisis técnicos del sector eléctrico y opiniones de actores políticos y sociales involucrados.