La acusación constitucional contra Diego Pardow: entre la política y la ley

Un escenario cargado de tensiones políticas y legales se desplegó tras la aprobación de la admisibilidad de la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow. El 18 de noviembre de 2025, la Cámara de Diputados dio luz verde a esta medida que cuestiona la gestión y supuestas omisiones del exsecretario de Estado. Sin embargo, a cinco días de ese hito, la discusión se ha profundizado más allá de la simple votación, revelando un choque frontal entre la interpretación política y la estricta aplicación de la ley.

El exministro y su defensa: "La acusación es falsa"

En una entrevista concedida a Radio Duna, Pardow no solo defendió su inocencia, sino que también puso en tela de juicio el fundamento jurídico de la acusación. "Esto no significa que tengan razón", afirmó, refiriéndose a los diputados que votaron a favor de la admisibilidad. Para él, el proceso está marcado por una lectura política más que legal, pues "la Constitución es obligatoria para todo el mundo y establece claramente que las acusaciones constitucionales son por infracción a la ley o a la Constitución".

Pardow insistió en que la acusación se basa en una supuesta ocultación de información, pero él sostiene que ocurrió lo contrario: una situación detectada en 2017 fue hecha pública y se intentó corregir conforme a la normativa vigente. El exministro destacó que la transparencia fue total y que la acusación se sustenta en un criterio legal cuestionable, ya que no puede condicionarse la publicidad de actos administrativos a su cobertura mediática.

La polémica sobre la relación con su pareja

Otro foco de controversia ha sido la vinculación de Pardow con su cónyuge, Catalina Iñiguez, abogada que formó parte de un estudio jurídico que defendió a Transelec en un juicio ante el Tribunal de la Libre Competencia. La acusación apunta a un posible conflicto de intereses y omisión en la declaración de patrimonio.

"Mi relación con mi pareja y su profesión fueron informadas en la declaración de interés y patrimonio", aclaró Pardow, quien además explicó que la ley permite solicitar reserva pública respecto de datos familiares para proteger la privacidad. Aun así, enfatizó que "mi pareja nunca ha trabajado para Transelec, ni antes ni después de mi gestión como ministro".

Perspectivas encontradas: política, ciudadanía y Estado de derecho

Este caso ha abierto un debate que trasciende la figura de Pardow y toca la relación entre el Congreso y el Ejecutivo, así como la forma en que se ejerce el control político en Chile. Desde sectores de oposición, la acusación representa un mecanismo legítimo para fiscalizar y sancionar posibles irregularidades en la función pública.

En contraste, voces cercanas al exministro y expertos legales advierten que la acusación puede estar instrumentalizada políticamente, poniendo en riesgo la estabilidad institucional y el respeto a las garantías constitucionales. Además, algunos analistas señalan que el caso refleja una creciente politización en el uso de herramientas jurídicas, que puede erosionar la confianza ciudadana.

Constataciones y consecuencias

A la luz de los hechos y testimonios, se puede concluir que:

- La admisibilidad de la acusación no implica, por sí sola, la veracidad de las imputaciones, sino que abre un proceso investigativo y político.

- La defensa de Pardow pone en evidencia la tensión entre la interpretación política y la aplicación estricta de la ley en el ejercicio del control constitucional.

- La controversia sobre la relación con su pareja y la información declarada plantea preguntas legítimas sobre transparencia y límites de la privacidad en la función pública.

- El caso refleja un escenario político fragmentado donde el uso de mecanismos constitucionales puede ser tanto una herramienta de control como un arma política.

En definitiva, esta historia invita a la ciudadanía a observar con distancia y rigor, entendiendo que la política chilena se encuentra en una encrucijada donde la defensa de la institucionalidad y la búsqueda de responsabilidad pública deben coexistir sin sacrificar la justicia ni la verdad.

Fuentes: La Tercera, Radio Duna.