Tragedia en Torres del Paine: La ausencia de guardaparques y sus ecos en la gestión pública
El 17 de noviembre de 2025, cinco turistas extranjeros murieron en el Circuito "O" del Parque Nacional Torres del Paine, un escenario natural reconocido por su belleza y por condiciones climáticas extremas que pueden cambiar en cuestión de horas. A tres días del suceso, las autoridades confirmaron que en el momento del accidente el campamento Los Perros, punto de partida y retorno habitual en esta ruta, estaba sin guardaparques.
El director regional de Conaf en Magallanes, Mauricio Ruiz, admitió públicamente que los dos guardaparques asignados a ese sector se encontraban ausentes porque habían descendido a las porterías de Laguna Amarga para ejercer su derecho a voto en las elecciones realizadas el domingo 16 de noviembre. Esta situación generó un vacío operacional en un área que requiere supervisión constante y apoyo logístico debido a su complejidad.
Ruiz explicó que "el parque nunca cierra" y que la Corporación Nacional Forestal debe facilitar que sus funcionarios puedan cumplir con obligaciones ciudadanas, como votar, aún cuando esto implique temporales ausencias en terreno. Además, detalló que el relevo de guardaparques depende de la capacidad de desplazamiento, que en zonas remotas como Los Perros implica caminar entre 15 y 18 kilómetros, y que en ocasiones Conaf debe apoyarse en empresas concesionarias para la operación turística y logística.
En total, el día 16 había 51 funcionarios distribuidos en 15 sectores operativos del parque, lo que refleja la dificultad de mantener cobertura completa en un territorio extenso y con condiciones adversas.
Este episodio ha puesto en el centro del debate la tensión entre derechos laborales y la responsabilidad institucional en la gestión de espacios naturales protegidos. Por un lado, la necesidad de respetar el derecho al sufragio y las condiciones laborales de los guardaparques; por otro, la obligación del Estado y sus organismos de garantizar la seguridad y el bienestar de los visitantes, especialmente en zonas de alto riesgo.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que se está en contacto con los consulados de los países de las víctimas y que se ha iniciado una investigación administrativa para esclarecer si se cumplieron los protocolos. Paralelamente, la Fiscalía mantiene abierta una investigación para determinar las posibles responsabilidades legales.
Desde el ámbito político, las reacciones han sido diversas: algunos sectores enfatizan la necesidad de fortalecer la institucionalidad y aumentar recursos para Conaf, mientras otros critican la dependencia de concesionarios privados para funciones que consideran deberían ser estatales, evidenciando una discusión más amplia sobre el modelo de administración de parques nacionales y la presencia del Estado en territorios remotos.
El rescate de los cuerpos estuvo a cargo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), que operó en condiciones complejas para recuperar a las víctimas.
En la voz de las comunidades locales y expertos en turismo de aventura, se alerta sobre la creciente presión turística en Torres del Paine y la necesidad de implementar protocolos más rigurosos que incluyan monitoreo climático en tiempo real, sistemas de alerta temprana y una mayor presencia de personal capacitado en terreno.
Finalmente, queda en evidencia una disonancia cognitiva constructiva: mientras la tragedia desnuda falencias en la gestión y coordinación institucional, también muestra las limitaciones prácticas de operar en un parque que "nunca cierra" y donde el respeto a los derechos ciudadanos debe coexistir con la seguridad pública.
Este episodio invita a una reflexión profunda sobre el equilibrio entre la preservación del patrimonio natural, los derechos laborales y la protección de quienes visitan estos espacios, en un Chile que busca consolidar su identidad como destino turístico mundial sin sacrificar la seguridad ni la responsabilidad estatal.
Verdades constatadas:
- La ausencia de guardaparques en el sector crítico fue real y se debió a la necesidad de facilitar el voto de los funcionarios.
- El parque se mantiene abierto durante todo el año, lo que implica riesgos inherentes y desafíos logísticos.
- La gestión del parque depende de una combinación de personal estatal y concesionarios privados, con impactos en la operatividad y supervisión.
Consecuencias visibles:
- Se ha abierto una investigación administrativa y judicial que podría derivar en cambios normativos o estructurales en Conaf.
- La tragedia ha generado un debate público sobre la seguridad en parques nacionales y el modelo de gestión estatal.
- Se visibilizan tensiones entre derechos individuales y responsabilidades colectivas en contextos de alta complejidad ambiental.
Este episodio, trágico y revelador, marca un punto de inflexión para la gestión de Torres del Paine y para la política pública en materia de parques nacionales en Chile.
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Fuentes: declaraciones del director regional de Conaf Mauricio Ruiz (24 Horas, BioBioChile), comunicado de la Corporación Nacional Forestal, declaraciones del ministro del Interior Álvaro Elizalde, reportes de la Fiscalía y cobertura de medios nacionales.