Chile frente a la permisología y los temblores: Entre la urgencia de inversión y la fragilidad sísmica
Un pulso entre inversión y regulación
Desde agosto de este año, el debate sobre el proyecto de ley de permisología ha puesto en el centro del escenario político chileno la tensión entre la necesidad de agilizar inversiones y la obligación de proteger bienes sociales como el medio ambiente y la participación ciudadana. El Congreso despachó el proyecto y hoy se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional, mientras expertos y actores sociales alertan sobre riesgos de judicialización y un modelo excesivamente centralizado que deja en manos del Gobierno de turno las prioridades económicas y ambientales.
La permisología como campo de batalla
El proyecto establece plazos y mecanismos para acelerar la aprobación de permisos sectoriales, incorporando técnicas como las declaraciones juradas digitales para facilitar la inversión. Sin embargo, estas mismas facilidades han sido calificadas por opositores como una 'renuncia del Estado' a su rol de control ex ante. La creación de una Oficina de Autorizaciones Sectoriales y un Comité integrado por subsecretarios y ministros concentra la toma de decisiones, dejando en evidencia un modelo que no ha logrado superar la lógica coyuntural ni proyectar un horizonte de mediano plazo.
Desde el punto de vista jurídico, la ley abre la puerta a una posible judicialización masiva, pues cada declaración jurada podría ser impugnada, lo que paradójicamente podría retrasar aún más los proyectos que pretende agilizar. Esta contradicción refleja la complejidad de un sistema que busca simplificar pero que, en la práctica, puede enredarse en procesos legales y administrativos.
Perspectivas políticas y sociales
Desde la derecha, se enfatiza la urgencia de destrabar inversiones para reactivar la economía y generar empleo, considerando que la permisología actual es un cuello de botella que afecta la competitividad del país. Por otro lado, sectores ambientalistas y comunidades locales advierten que la simplificación podría debilitar la protección ambiental y los mecanismos de participación ciudadana, afectando derechos y la sustentabilidad.
Esta disonancia se extiende a regiones, donde la centralización del proceso genera desconfianza y sensación de exclusión, pues las decisiones quedan en Santiago, lejos de las realidades territoriales.
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Chile y su fragilidad sísmica: una constante que no cede
En paralelo, la actividad sísmica registrada durante este año ha mantenido en alerta a la población y a las autoridades. Desde abril hasta agosto se reportaron múltiples temblores de magnitud moderada, con epicentros desde la zona norte hasta el sur del país. Aunque la mayoría fueron imperceptibles, la recurrencia recuerda la naturaleza tectónica del territorio chileno, ubicado en el límite de las placas de Nazca y Sudamericana.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha reiterado las recomendaciones para actuar ante estos eventos, enfatizando la importancia de la preparación ciudadana y el fortalecimiento de la infraestructura. Sin embargo, la experiencia muestra que la ansiedad social frente a la amenaza sísmica persiste, alimentada por la memoria de terremotos devastadores como el de 2010.
Contrastes y convergencias
Mientras el país debate cómo acelerar proyectos de inversión, la realidad sísmica impone un límite tangible a cualquier desarrollo. La calidad de las obras, la planificación territorial y la incorporación de criterios de resiliencia son desafíos que atraviesan ambos temas. La permisología, en este contexto, no puede ser solo un trámite administrativo, sino un espacio donde se equilibren riesgos y beneficios.
Conclusiones y verdades emergentes
El proyecto de permisología representa un avance en la búsqueda de eficiencia para la inversión, pero también expone fragilidades institucionales y riesgos de judicialización que podrían socavar su propósito. La centralización y la falta de una visión de mediano plazo generan incertidumbre y descontento regional.
Simultáneamente, la actividad sísmica del país continúa siendo un recordatorio constante de la necesidad de políticas públicas integrales que consideren la fragilidad del territorio. La convergencia entre inversión y seguridad es un desafío que Chile debe enfrentar con mayor coherencia y participación.
En definitiva, ambas realidades —la urgencia de inversión y la persistente vulnerabilidad sísmica— configuran un escenario complejo donde el equilibrio entre desarrollo y protección social es más necesario que nunca, y donde las decisiones políticas tendrán consecuencias duraderas para el país y sus ciudadanos.
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Fuentes: La Tercera, análisis jurídico de Tomás Jordán, Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.