Senado avanza en regulación de apuestas en línea: Un tira y afloja entre control estatal y mercado liberalizado
Un mercado en jaque: el Senado y el pulso por la regulación de las apuestas en línea
El 4 de agosto de 2025, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el proyecto de ley que regula las plataformas de apuestas en línea, marcando un hito en la legislación chilena sobre un sector que ha crecido exponencialmente en los últimos años. Esta iniciativa, que ahora debe pasar a votación en la Sala del Senado, se propone proteger la salud pública, garantizar la transparencia y asegurar una recaudación fiscal adecuada, mientras intenta equilibrar las tensiones entre distintos actores sociales y económicos.
El origen y la evolución del proyecto
El proyecto nace en un contexto de expansión acelerada de las apuestas digitales, donde la ausencia de un marco regulatorio específico había abierto espacio para la proliferación de plataformas no reguladas y riesgos asociados, como el juego problemático y la evasión fiscal. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados en diciembre de 2023, con apoyo transversal, comenzó un proceso de tramitación en el Senado que incluyó audiencias con actores clave: desde la Superintendencia de Casinos hasta representantes de plataformas, organizaciones de la niñez y expertos legales.
El 2 de abril de 2024, la Comisión de Economía del Senado aprobó el proyecto por unanimidad, y en julio la Comisión de Hacienda inició el análisis en detalle, con la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, como principal portavoz del Ejecutivo.
Perspectivas enfrentadas: regulación, carga tributaria y competencia
Desde el Estado, la mirada es clara: se busca una regulación que permita un mercado competitivo, pero controlado, que proteja a los usuarios y evite la proliferación de juegos ilegales. La subsecretaria Berner enfatizó la necesidad de incorporar herramientas tecnológicas como la identificación biométrica y bloqueos de medios de pago para evitar el acceso de menores y reducir el juego ilegal.
“El objetivo es que no haya infantes ni adolescentes jugando”, afirmó Berner, subrayando además que la carga tributaria prevista no supera el 28%, incluyendo IVA, cifra que será discutida en el debate legislativo.
Sin embargo, las plataformas agrupadas en aPAL (Betano, Betsson, Coolbet, entre otras) advierten que la carga tributaria propuesta, que alcanza un 37,6% incluyendo impuestos, es una de las más altas del mundo y podría desalentar la migración del mercado informal al formal. Carlos Baeza, vocero de aPAL, señaló que “una carga tributaria excesiva es inversamente proporcional a la canalización; a impuestos más altos, menor será el porcentaje de operadores que pasen a un mercado regulado”. Esta tensión revela un choque entre la necesidad fiscal y la viabilidad económica del sector.
Además, la agrupación criticó aspectos del proyecto que otorgan a la Polla Chilena de Beneficencia preferencias que consideran injustificadas y que podrían configurar un monopolio de facto, cuestión que genera preocupación en el sector privado y en algunos expertos constitucionalistas.
Impacto regional y social: voces desde la ciudadanía y sectores tradicionales
El debate no solo ha sido técnico ni económico. Diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos de la niñez han participado activamente, alertando sobre los riesgos del juego problemático y la necesidad de políticas de prevención robustas. La Defensoría de la Niñez y la Fundación AJUTER han insistido en fortalecer las medidas de control y en promover una política nacional de juego responsable, que el proyecto contempla pero que aún genera dudas sobre su aplicabilidad efectiva.
Por otro lado, sectores vinculados a la actividad hípica y los casinos tradicionales han manifestado inquietudes respecto a la competencia desigual y las implicancias para sus ingresos y empleos, evidenciando un choque intersectorial que atraviesa lo económico y cultural.
Conclusiones y consecuencias visibles
La regulación de las apuestas en línea en Chile se presenta como un campo de batalla donde convergen intereses públicos y privados, sociales y económicos, con un Estado que intenta equilibrar la protección ciudadana y la recaudación fiscal, y un mercado que busca flexibilidad para crecer sin perder competitividad.
El proyecto, aún en trámite, refleja las complejidades de legislar en un terreno que combina tecnología, economía digital y riesgos sociales. La discusión sobre la carga tributaria y las condiciones de competencia seguirá siendo el epicentro de un debate que definirá el futuro de este sector.
Finalmente, la apuesta por una regulación efectiva y equilibrada debe enfrentar el desafío de evitar que la ley se convierta en un instrumento que, en lugar de ordenar y proteger, genere distorsiones que perpetúen mercados informales o monopólicos, afectando a usuarios y al erario público.
Este episodio revela, en definitiva, cómo la modernización legislativa debe dialogar con las realidades sociales y económicas para construir un marco normativo que no solo sea técnicamente viable, sino también legítimo y justo para todos los actores involucrados.