La ley de inteligencia artificial en Chile: un paso titubeante hacia la regulación definitiva
En agosto de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que busca regular la inteligencia artificial (IA) en Chile, pero el camino hacia su aprobación definitiva sigue lleno de incertidumbres y tensiones.
El 4 de agosto, la Sala de la Cámara votó 63 a favor, 47 en contra y 6 abstenciones para aprobar la idea de legislar sobre IA, pero el proyecto fue devuelto a la Comisión de Futuro para continuar la discusión en particular. La urgencia que el Ejecutivo había solicitado fue retirada abruptamente, evidenciando la falta de consenso para avanzar rápidamente.
Un choque de visiones en el hemiciclo
El debate fue una arena donde se enfrentaron dos visiones radicalmente opuestas sobre cómo Chile debe abordar la regulación de la IA. Por un lado, el oficialismo, con figuras como Helia Molina (PPD) y Jaime Sáez (FA), defendió la necesidad urgente de un marco legal que proteja derechos fundamentales y establezca estándares internacionales, advirtiendo que la IA ya está presente en ámbitos críticos como salud, educación y sistemas crediticios.
'Chile no puede quedarse atrás en la regulación de una tecnología que impacta directamente en la vida de las personas,' afirmó Molina, enfatizando la creación de un Consejo Asesor Técnico y una fiscalización rigurosa.
En el otro extremo, la oposición, representada por diputados como Francisco Undurraga (Evópoli) y Marta Bravo (UDI), denunció una sobrerregulación que podría asfixiar el ecosistema tecnológico nacional. Criticaron la importación de estándares europeos sin considerar las particularidades chilenas y alertaron sobre el riesgo de un marco demasiado punitivo.
'Legislar no es copiar y pegar,' sentenció Undurraga, cuestionando la falta de adaptación a la realidad local y el impacto negativo en la competitividad regional.
Ecosistema tecnológico y sociedad civil en alerta
El proyecto también ha generado inquietudes entre actores clave del sector privado y la sociedad civil. Startups, gremios tecnológicos y cámaras de comercio manifestaron su preocupación por la rigidez del texto, que podría frenar la innovación y dificultar la adopción de modelos de IA.
Organizaciones como la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de Información (ACTI) y FinteChile expresaron que la regulación podría representar un obstáculo para el desarrollo tecnológico y la inversión extranjera.
Por otro lado, expertos en derechos digitales y académicos valoran la iniciativa como un primer esfuerzo para dotar al país de un marco ético y jurídico que responda a los riesgos emergentes de la IA, especialmente en materia de privacidad, discriminación algorítmica y transparencia.
El dilema del equilibrio regulatorio
El proyecto contempla una clasificación de sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo y establece multas significativas para infracciones, además de crear un organismo fiscalizador. Sin embargo, la composición del Consejo Asesor Técnico fue objeto de debate, al considerarse que tenía una alta presencia estatal en detrimento de perfiles técnicos independientes.
Tras indicaciones, se buscó equilibrar su configuración, pero la desconfianza persiste en distintos sectores.
Además, el rechazo del informe financiero en la Comisión de Hacienda puso en evidencia las dudas sobre el costo fiscal y la viabilidad presupuestaria del proyecto.
Conclusiones y desafíos futuros
Este episodio revela la complejidad de legislar en un campo tan dinámico y globalizado como la inteligencia artificial. Chile se encuentra en una encrucijada: avanzar rápido para proteger a la ciudadanía y no quedar rezagado en innovación, o tomar una ruta más cautelosa que evite ahogar el desarrollo tecnológico.
La falta de consenso político y las tensiones entre regulación y desarrollo tecnológico son la principal barrera para una ley que, aunque necesaria, aún no logra un equilibrio aceptado por todos.
En definitiva, la historia de esta ley es la historia de un país que intenta domar una fuerza disruptiva sin perder su identidad ni su futuro económico. La próxima etapa en la Comisión de Futuro será decisiva para definir si Chile logra construir un marco normativo que responda a sus desafíos reales o si continuará postergando una regulación que ya no puede esperar.