Tragedia en Torres del Paine: El turismo exige al Estado recursos que siguen ausentes

El 10 de noviembre de 2025, cinco turistas —dos mexicanos, dos alemanes y una británica— perdieron la vida en el Parque Nacional Torres del Paine, un ícono mundial del turismo de naturaleza. Esta tragedia puso en evidencia la tensión acumulada entre la creciente demanda turística y una infraestructura estatal que no ha logrado responder con la urgencia necesaria.

Desde entonces, las asociaciones más representativas del sector, como la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST) y la Asociación Gremial de Profesionales y Técnicos del Turismo (Aprotur), han señalado con firmeza que la responsabilidad del Estado es ineludible. “Todos hemos propuesto por años soluciones concretas y modernas, y la respuesta del Estado ha sido silencio, desconfianza ideológica y burocracia eterna”, denuncian desde la HYST.

Este reclamo no es nuevo. Según Aprotur, el subfinanciamiento estructural de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) es un problema crónico que ha dejado al parque sin la infraestructura adecuada, con insuficientes refugios, senderos seguros y guardaparques para enfrentar las condiciones extremas de la zona. “Chile está entre los diez países que menos invierten en la gestión de sus áreas protegidas”, advierten, mientras resaltan la labor heroica pero limitada del personal en terreno.

La tragedia ha desatado un debate que se despliega en varios planos:

- Desde el sector político y gubernamental, algunas voces defienden que el turismo de alta montaña siempre conlleva riesgos inherentes y que la responsabilidad también recae en los visitantes y operadores privados. Otros, en cambio, reconocen la urgencia de aumentar la inversión pública y modernizar la gestión de parques nacionales.

- Desde la sociedad civil y las comunidades locales, hay una mezcla de dolor y frustración. Muchos guías y trabajadores locales, que conocen el terreno y las condiciones climáticas extremas, reclaman mayor apoyo para formalizar y profesionalizar sus servicios, entendiendo que su rol es clave para prevenir futuros accidentes.

- En el ámbito económico, el turismo es motor vital para la región de Magallanes, pero la tragedia ha encendido alarmas sobre la sostenibilidad del modelo actual. La falta de regulación clara, la informalidad y la insuficiencia de recursos públicos configuran un escenario que pone en riesgo no solo vidas, sino también el futuro del sector.

A 10 días del incidente, la respuesta estatal sigue siendo tibia y fragmentada, mientras las asociaciones insisten en que es indispensable un compromiso real y tangible para evitar que esta tragedia se repita.

En definitiva, la muerte de estos cinco turistas no es solo un episodio trágico aislado, sino la manifestación dolorosa de un sistema que ha fallado en equilibrar la conservación, la seguridad y el desarrollo económico. La tensión entre el deseo de abrir las maravillas naturales de Chile al mundo y la incapacidad estatal para garantizar condiciones mínimas de seguridad se ha vuelto insostenible.

Este escenario plantea una pregunta incómoda para todos los actores involucrados: ¿hasta cuándo se permitirá que la inercia y la falta de visión estratégica sigan costando vidas humanas? La tragedia en Torres del Paine es, así, un espejo donde se reflejan las debilidades estructurales de un país que se jacta de su naturaleza pero que aún no logra protegerla ni a quienes la visitan.

El desafío está planteado y las consecuencias, visibles. La historia de esta tragedia seguirá siendo un punto de inflexión en la gestión de los parques nacionales y en la relación entre Estado, turismo y comunidades locales.