
En los últimos meses, la región ha sido testigo de una tendencia que no solo reconfigura el mapa político, sino que también pone en jaque la salud democrática de varios países: la aprobación de la reelección presidencial indefinida. Este fenómeno, ejemplificado recientemente por El Salvador bajo el mandato de Nayib Bukele, no es un caso aislado sino que se inscribe en una dinámica que ya ha recorrido América Latina, dejando a su paso debates encendidos y consecuencias palpables.
El Salvador aprobó en agosto de 2025 una reforma constitucional que permite a su presidente postularse indefinidamente, eliminando además la segunda vuelta electoral y extendiendo el periodo presidencial de cinco a seis años. Esta medida, impulsada por una mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa, se sumó a un patrón ya visto en países como Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, donde presidentes con fuerte respaldo popular y control sobre los poderes del Estado han modificado las reglas para perpetuarse en el poder.
Desde el oficialismo salvadoreño, se argumenta que la reforma devuelve el poder al pueblo, permitiendo que los ciudadanos decidan si un presidente debe continuar en el cargo. "El poder ha regresado al único lugar al que verdaderamente pertenece… al pueblo salvadoreño", afirmó Suecy Callejas, vicepresidenta del Congreso. En la misma línea, Bukele ha señalado que la reelección indefinida es común en países desarrollados y que criticarla en El Salvador responde a un doble estándar.
Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos lanzan advertencias severas. Mario Torrico, politólogo, sostiene que "la reelección indefinida es sinónimo de autocratización", y Human Rights Watch ha alertado que este camino suele terminar en regímenes dictatoriales. Agustín Grijalva, exjuez constitucional, enfatiza la diferencia crucial entre regímenes parlamentarios y presidenciales, señalando que la concentración de poder en el Ejecutivo presidencial sin contrapesos institucionales es un riesgo para la democracia.
Los casos de Venezuela y Nicaragua ilustran cómo la reelección indefinida puede consolidar gobiernos autoritarios, mientras que Bolivia y Ecuador muestran que también es posible revertir estas reformas, aunque con costos políticos y sociales importantes. En Colombia, por ejemplo, la Corte Constitucional frenó un intento similar, subrayando la importancia de instituciones independientes y sólidas.
En El Salvador, la medida ha profundizado la división política y social, con un gobierno que ha ampliado su control sobre el sistema judicial y legislativo, y una oposición que se encuentra debilitada y fragmentada. La concentración de poder y la erosión de los contrapesos institucionales han encendido las alarmas sobre la deriva democrática del país.
La experiencia latinoamericana reciente muestra que la reelección indefinida no es un mero tecnicismo legal, sino un fenómeno con profundas implicancias para la gobernabilidad y la democracia. Si bien la soberanía popular es un principio fundamental, su ejercicio requiere marcos institucionales que eviten la concentración excesiva de poder y garanticen la alternancia política.
El Salvador, al igual que otros países de la región, se encuentra en una encrucijada donde la historia parece rimar con episodios anteriores de concentración autoritaria. La clave estará en la capacidad de sus instituciones y sociedad civil para resistir la tentación del poder ilimitado y preservar un sistema democrático que respete la pluralidad y los derechos.
Este análisis invita a mirar más allá de la inmediatez y a comprender las tensiones profundas que atraviesan las democracias latinoamericanas, en un momento donde la estabilidad política y el respeto a las reglas del juego se vuelven más necesarios que nunca.
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Fuentes: BBC News Mundo, declaraciones de expertos en ciencias políticas, informes de Human Rights Watch.
2025-11-08