Reinicio parcial en mina El Teniente: La seguridad como condición y la tragedia que marcó un antes y un después

El 31 de julio de 2025, un derrumbe en la mina subterránea de la División El Teniente de Codelco dejó una marca imborrable en la historia minera chilena: seis trabajadores fallecieron sepultados bajo toneladas de material rocoso. El accidente ocurrió en el sector Andesita, un área de alta complejidad geotécnica. Desde entonces, el pulso de la industria, las autoridades y la sociedad se ha tensionado entre la urgencia de retomar la producción y la prioridad innegociable de la seguridad laboral.

La cronología de una reapertura con cautela

Tras el accidente, la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) ordenaron la paralización total de las operaciones subterráneas. Durante semanas, ambas instituciones desplegaron inspecciones y exigieron informes técnicos que permitieran determinar las condiciones para un reinicio seguro. El 8 de agosto, Sernageomin autorizó un reinicio parcial y progresivo en sectores considerados seguros —Pilar Norte, Panel Esmeralda, Esmeralda, Pacífico Superior, Diablo Regimiento, Panel Reno, Dacita y Reservas Norte— mientras mantuvo la paralización en áreas con riesgos aún no resueltos.

El 9 de agosto, la Dirección del Trabajo ratificó esta autorización parcial, enfatizando que la reapertura debía cumplir estrictos estándares de seguridad y que la supervisión continuaría en terreno. Finalmente, el 11 de agosto, la ministra de Minería, Aurora Williams, reafirmó que la seguridad estaría siempre por sobre la producción, subrayando que el reinicio es gradual y condicionado a monitoreos constantes y a la debida información a los trabajadores.

Voces enfrentadas en el coliseo de la opinión pública

El debate público ha puesto en escena a varios actores con posturas divergentes que ilustran las complejidades de la tragedia y su gestión:

- Desde el gobierno, la ministra Williams ha sido clara: "Vamos a ser bien enfáticos, la seguridad está por sobre la producción". Su discurso busca equilibrar la presión económica con la obligación ética y legal de proteger la vida y salud de los trabajadores.

- Los sindicatos y trabajadores han expresado inquietudes sobre la rapidez del reinicio y la transparencia en la entrega de información sobre riesgos. Algunos sectores demandan mayores garantías y participación en los protocolos de reapertura.

- Expertos en minería y seguridad laboral han señalado que la tragedia expone fallas estructurales y protocolos que, aunque existentes, no fueron suficientes para prevenir el accidente. La ministra Williams reconoció una "falla evidente" y apuntó a una investigación técnica que aún está en curso.

- Desde la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, la preocupación se centra en la responsabilidad institucional y en la necesidad de una auditoría internacional independiente para esclarecer las causas y evitar futuras tragedias.

Más allá del derrumbe: consecuencias visibles y aprendizajes pendientes

La tragedia en El Teniente no solo detuvo la producción minera —que representa cerca del 80% del cobre producido en la división tras la reapertura parcial— sino que también puso en evidencia la fragilidad de un sistema que debe conjugar la extracción de recursos estratégicos con la protección de sus trabajadores.

Las investigaciones técnicas exigen la entrega de informes detallados sobre las causas del accidente, programas de recuperación y reparación, y un monitoreo continuo de la sismicidad y parámetros geotécnicos. Estas exigencias buscan que la reapertura no sea solo un acto administrativo, sino un proceso riguroso y responsable.

En términos sociales, la conmoción ha generado un debate más amplio sobre la cultura de seguridad en la minería chilena, la fiscalización efectiva y la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones que afectan su integridad.

Finalmente, la tragedia ha reavivado discusiones políticas y económicas sobre el modelo minero chileno. Mientras algunos sectores abogan por fortalecer las alianzas público-privadas y las auditorías internas, otros insisten en la necesidad de una reforma profunda que incluya mayor control estatal y garantías para los derechos laborales.

Constataciones finales

- La reapertura parcial de El Teniente es un hecho que refleja un equilibrio precario entre la necesidad económica y la prioridad ética de la seguridad.

- La tragedia expuso fallas en protocolos y gestión que deben ser investigadas con rigor y transparencia para evitar su repetición.

- La pluralidad de voces —gubernamentales, sindicales, expertas y civiles— revela una disonancia cognitiva que, lejos de diluirse, debe ser canalizada en reformas y prácticas concretas.

- La experiencia de El Teniente es un llamado a repensar la cultura minera chilena, poniendo la vida y la dignidad de los trabajadores en el centro de cualquier decisión.

En el coliseo de la minería nacional, la tragedia y su gestión siguen abiertas, y el público observa atento, esperando que las lecciones aprendidas se traduzcan en acciones que honren la memoria de quienes perdieron la vida y protejan a quienes continúan trabajando bajo tierra.