
Una tragedia que sacude a la minería estatal
El 3 de agosto de 2025, un estallido de roca en la zona Andesita de la mina El Teniente dejó seis mineros muertos: Paulo Marín, Gonzalo Núñez, Alex Araya, Carlos Arancibia, Jean Miranda y Moisés Pavez. Este hecho no solo conmocionó a la comunidad minera y al país, sino que reabrió un capítulo oscuro de la historia minera chilena, recordando un accidente similar ocurrido en 1991 con igual saldo fatal.
Ante la gravedad del evento, Codelco anunció una auditoría internacional que abarcará aspectos geomecánicos, geofísicos, procesos y protocolos de seguridad. El presidente del directorio, Máximo Pacheco, afirmó con voz quebrada que "somos los primeros interesados en que se sepa todo lo que sucedió", enfatizando la necesidad de honrar la memoria de los trabajadores fallecidos con acciones concretas que fortalezcan la cultura de seguridad.
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Desde la mirada institucional, Codelco se presenta como un actor comprometido con la transparencia y la mejora continua. La apertura a una investigación internacional refleja un reconocimiento tácito de que los mecanismos internos no han sido suficientes para evitar tragedias recurrentes.
“Este fenómeno del estallido de roca acompaña desde siempre la actividad minera en El Teniente”, explicó Pacheco, subrayando que aunque existen avances en la gestión, la naturaleza del trabajo mantiene riesgos inherentes.
Por otro lado, sindicatos y representantes de los trabajadores han expresado desconfianza respecto a la efectividad de las medidas de seguridad y la voluntad real de cambio. Para ellos, el accidente es la manifestación más grave de una cultura organizacional que prioriza la producción sobre la protección de vidas.
Expertos en geomecánica y seguridad minera, consultados en análisis posteriores, advierten que la complejidad del subsuelo y las condiciones geológicas requieren no solo tecnología avanzada, sino también un cambio profundo en la gestión del riesgo y la participación activa de los trabajadores en la toma de decisiones.
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El antecedente de 1991, con un accidente similar que también cobró seis vidas, pone en evidencia una falla estructural en la gestión minera estatal. La pregunta que resuena es por qué no se ha logrado avanzar sustancialmente en la prevención de estos eventos en más de tres décadas.
En el debate público, algunos sectores políticos llaman a fortalecer la fiscalización estatal y a revisar la legislación vigente, mientras que otros advierten que la minería chilena enfrenta desafíos técnicos y económicos que limitan las intervenciones inmediatas.
La comunidad local, afectada directamente, demanda justicia y reparación, además de garantías claras para la seguridad de sus trabajadores y familiares.
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Este episodio trágico desnuda una realidad compleja: la minería, pilar de la economía chilena, sigue enfrentando riesgos que no han sido resueltos pese a las promesas y avances técnicos.
La auditoría internacional es un paso necesario, pero no suficiente, para generar confianza y cambios profundos. La memoria de los seis mineros fallecidos exige que el país reflexione sobre la cultura de seguridad, la transparencia institucional y la participación activa de todos los actores involucrados.
En última instancia, la tragedia en El Teniente invita a un debate urgente y sostenido sobre cómo proteger la vida humana sin sacrificar la viabilidad económica, y cómo transformar las lecciones del pasado en políticas y prácticas efectivas para el futuro de la minería chilena.