
Colombia enfrenta una crisis fiscal profunda, donde la evasión tributaria de su élite más adinerada se ha convertido en uno de los principales motores que agravan la desigualdad social. Según el último informe de la DIAN y estudios académicos recientes, cerca del 40% del 0,01% más rico del país ha reconocido haber evadido impuestos en los últimos años. Esta realidad no solo revela un problema de incumplimiento legal, sino una fractura estructural que alimenta la concentración de riqueza y limita la capacidad del Estado para financiar políticas sociales.
En Colombia, la brecha entre ricos y pobres es una herida abierta. El 1% más rico acumula el 40% de la riqueza nacional, mientras que el 50% más pobre apenas posee un 2%, según datos de la World Inequality Database. Esta desigualdad se ve exacerbada por un sistema tributario que, paradójicamente, grava proporcionalmente más a los sectores populares que a los millonarios.
“Los impuestos indirectos, como el IVA, representan casi el 30% de la recaudación, afectando a todos por igual, sin importar su capacidad contributiva”, explica Luis Carlos Reyes, exdirector de la DIAN. En contraste, los impuestos directos como el impuesto a la renta y al patrimonio, que deberían ser progresivos, son eludidos sistemáticamente por los más ricos.
Los ultra-ricos colombianos utilizan una gama de mecanismos para reducir su carga fiscal. La ocultación de activos en paraísos fiscales, la creación de estructuras legales complejas como fideicomisos y empresas offshore, y la formación de negocios familiares en países con baja tributación son prácticas comunes. Estos métodos no solo dificultan el rastreo de sus verdaderos ingresos, sino que también permiten declarar valores inferiores a los reales para evitar umbrales impositivos.
Juliana Londoño, economista experta en evasión fiscal, señala: “La mitad del dinero no declarado en la amnistía tributaria de 2019 correspondió a activos en el extranjero, principalmente en Panamá.” Estas revelaciones evidencian la sofisticación con la que opera la élite para evadir impuestos.
Desde el gobierno de Gustavo Petro se ha intentado impulsar reformas tributarias ambiciosas para aumentar la recaudación y financiar programas sociales, pero la falta de mayoría legislativa y la resistencia política han limitado sus avances.
“Sin una reforma estructural que cierre las lagunas legales y fortalezca la fiscalización, no lograremos reducir la evasión de los más ricos,” afirma un congresista opositor, que advierte sobre el riesgo de que estas medidas afecten la inversión y el empleo.
Por otro lado, organizaciones sociales y académicos insisten en que la justicia tributaria es un eje fundamental para la equidad. “Los ricos deben contribuir de manera justa para que el Estado pueda cumplir su rol redistributivo,” sostiene un representante de Oxfam Colombia.
La evasión fiscal de los ultra-ricos en Colombia no es un problema aislado; es un síntoma de un sistema que falla en su función redistributiva y que perpetúa las desigualdades. Se estima que la evasión equivale a cerca del 8% del PIB, lo que representa miles de millones de dólares que podrían destinarse a salud, educación y reducción de la pobreza.
Este fenómeno también refleja una crisis global en los sistemas tributarios, donde la riqueza extrema encuentra múltiples resquicios para evitar contribuir proporcionalmente. Como señala el economista Gabriel Zucman, la solución pasa por implementar impuestos mínimos globales sobre la riqueza, un camino que Colombia debería considerar en su agenda fiscal.
En definitiva, el enfrentamiento entre la élite económica y el Estado por la equidad fiscal sigue abierto, con consecuencias profundas para la cohesión social y el desarrollo sostenible del país. La transparencia, la voluntad política y la participación ciudadana serán claves para transformar esta tragedia en una oportunidad de justicia social.
2025-10-22