
Un fallo judicial que se queda a medias. El 29 de septiembre de 2025, la Corte Suprema dictaminó que solo Polla Chilena de Beneficencia, Lotería de Concepción y Teletrak están autorizadas para operar juegos de azar en línea en Chile, prohibiendo así a una docena de casas de apuestas digitales. Cinco días después, las principales compañías proveedoras de internet del país, agrupadas en Chile Telcos, afirmaron haber bloqueado los sitios listados en la resolución. Sin embargo, a la fecha, la realidad en terreno digital es otra: las plataformas siguen accesibles, ya sea mediante sus dominios principales o variantes en las URLs.
La tensión entre la letra de la ley y la dinámica del ecosistema digital es palpable. Mientras Alfie Ulloa, presidente ejecutivo de Chile Telcos, sostiene que las empresas han cumplido con el fallo, la experiencia de usuarios y observadores muestra que el bloqueo es fácilmente eludible. Esto se debe a la capacidad de las casas de apuestas para modificar sus direcciones web o utilizar dominios alternativos, un fenómeno conocido como rotación de dominios, que dificulta la efectividad de las medidas judiciales.
Macarena Carvallo, presidenta de Polla Chilena de Beneficencia, critica esta situación y llama a una acción más efectiva de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Desde su perspectiva, la falta de una estrategia coordinada y técnicamente robusta para implementar el bloqueo pone en riesgo la regulación y la competencia justa en el mercado de los juegos de azar online.
Desde el ámbito político y regulatorio, este caso abre un debate sobre la capacidad del Estado para controlar espacios digitales transnacionales y la eficacia de las herramientas jurídicas tradicionales frente a tecnologías en constante evolución. Algunos sectores plantean que el enfoque represivo es insuficiente y que es necesario avanzar hacia un marco regulatorio integral que contemple la prevención, la educación y la supervisión activa.
Por otro lado, voces más liberales advierten sobre riesgos de censura y sobre regulación excesiva que podría afectar la innovación y la oferta de servicios digitales. En regiones con alta penetración de apuestas online, la problemática también se entrelaza con desafíos sociales, como la ludopatía y la vulnerabilidad económica de ciertos grupos.
Para el usuario común, la coexistencia de sitios legales e ilegales en el mismo espacio digital genera confusión y pone en cuestión la efectividad de las políticas públicas. El fácil acceso a plataformas no autorizadas puede fomentar prácticas de juego irresponsables y dificultar la protección al consumidor.
Desde el mercado, las casas de apuestas ilegales continúan invirtiendo en publicidad, incluyendo auspicios en programas de streaming y en camisetas de equipos de fútbol, lo que legitima su presencia y desafía la autoridad estatal.
El fallo de la Corte Suprema marcó un hito en la regulación de los juegos de azar online en Chile, pero su implementación práctica revela grietas significativas. La fragmentación del ecosistema digital, la capacidad de adaptación de las plataformas y la falta de una coordinación técnica y política eficaz limitan el alcance de la medida judicial.
Este episodio evidencia la necesidad de repensar las estrategias regulatorias en la era digital, incorporando no solo medidas de bloqueo, sino también políticas integrales que aborden la educación, la prevención y la supervisión, así como un diálogo plural que incluya a operadores, autoridades, expertos y ciudadanía.
Así, el desafío no es solo cerrar puertas digitales, sino construir un marco de convivencia y regulación que responda a las complejidades del siglo XXI.