
Un drama que se prolonga y revela las grietas del sistema minero y social chileno.
El 26 de julio de 2025, un derrumbe inesperado atrapó a cuatro mineros en la mina El Teniente, una de las joyas productivas de Codelco y del país. Desde entonces, el país ha seguido con atención y angustia las labores de rescate, que han estado marcadas por avances lentos, dificultades técnicas y el hallazgo de restos humanos que confirmó la muerte de al menos una de las víctimas.
Tras el accidente, Codelco activó un operativo con más de 100 personas dedicadas a remover toneladas de material para alcanzar a los mineros atrapados. Para el 2 de agosto, se reportó un avance de 21 metros lineales en la búsqueda, y la remoción de 2.450 toneladas de escombros. Sin embargo, la complejidad geológica y las condiciones del socavón han dificultado la rapidez del rescate.
El hallazgo de restos humanos a mediados de agosto llevó a la intervención directa de la Fiscalía Regional y la PDI, quienes coordinaron con Codelco para levantar evidencias sin entorpecer el rescate.
Desde la perspectiva de Codelco, el operativo ha sido un esfuerzo titánico, con un compromiso público para mantener la transparencia y acelerar las labores. “Estamos haciendo todo lo humanamente posible para traerlos de vuelta,” afirmó un portavoz de la empresa.
Por otro lado, las familias de los mineros atrapados han expresado una mezcla de esperanza y desesperación. Algunas voces critican la falta de información o la lentitud en los avances, mientras que otras llaman a la calma y confianza en los equipos técnicos.
Desde el mundo político, la tragedia ha reavivado el debate sobre la seguridad en la minería y la necesidad de reformas profundas. Sectores de oposición han cuestionado la supervisión estatal y las condiciones laborales en las faenas mineras, mientras que representantes oficialistas han defendido el compromiso del Estado y la empresa en la gestión de la crisis.
La región de O’Higgins, donde se ubica El Teniente, ha sentido la conmoción no solo por el accidente sino por el despliegue de recursos y atención mediática que ha puesto en evidencia las fragilidades estructurales.
Expertos en minería y seguridad laboral han señalado que, aunque El Teniente cuenta con estándares altos, la tragedia expone la necesidad de revisar protocolos ante eventos sísmicos y derrumbes, además de fortalecer la capacitación y el apoyo psicológico a los trabajadores y sus familias.
La tragedia en El Teniente ha dejado claro que, pese a los avances tecnológicos y protocolos, la minería sigue siendo una actividad de alto riesgo. La combinación de factores naturales, técnicos y humanos crea un escenario donde la vida está en constante tensión.
Además, la crisis ha puesto en el centro la relación entre el Estado, la empresa y las comunidades, mostrando que la confianza y la transparencia son tan vitales como la capacidad técnica para enfrentar emergencias.
El rescate, que aún continúa meses después del accidente, es un recordatorio doloroso de la fragilidad humana y la necesidad de un compromiso renovado con la seguridad laboral y la justicia social en Chile.
La historia de El Teniente seguirá siendo un capítulo crucial para entender no solo la minería, sino también las dinámicas de poder, responsabilidad y resiliencia en el país.