
Haití se mantiene atrapado en una espiral de violencia y crisis humanitaria que parece no tener fin. A más de tres meses de los reportes iniciales, la situación en el país caribeño revela una tragedia que se despliega con múltiples capas y actores, donde la vida de sus habitantes se ve golpeada por la inseguridad, la enfermedad y el desplazamiento forzado.
Entre abril y junio de 2025, más de 1.500 personas fueron asesinadas y otras 600 resultaron heridas en enfrentamientos entre bandas armadas y fuerzas militares, según informó la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh) el 1 de agosto. Este dato no solo desnuda la gravedad del conflicto armado en regiones como Puerto Príncipe, Artibonito y Centro, sino que también evidencia la complejidad de la violencia, donde un 24% de las víctimas corresponden a ataques directos de bandas criminales y un 64% a intervenciones militares, algunas con uso de drones explosivos.
La Binuh además reportó 185 secuestros y 628 víctimas de violencia sexual en ese mismo período, mientras que más de 1,3 millones de personas permanecen desplazadas internamente, una cifra que refleja la magnitud del éxodo forzado por la inseguridad. En este escenario, las mujeres y niños se posicionan como los más vulnerables, atrapados en un ciclo que reproduce la tragedia social.
Pero la violencia no es el único enemigo. Desde septiembre, Haití enfrenta un nuevo brote de cólera que ha causado al menos 17 muertes y amenaza con expandirse debido a las malas condiciones sanitarias y las lluvias estacionales, en un contexto marcado por la precariedad y la ausencia del Estado. Municipios como Pétion-Ville, en la periferia de Puerto Príncipe, han visto cómo esta amenaza sanitaria revive temores que parecían controlados tras el devastador brote de 2022, que dejó más de 700 muertos.
Desde el gobierno haitiano, la narrativa oficial insiste en la necesidad de fortalecer las operaciones militares contra las bandas para recuperar el control territorial, aunque reconocen la dificultad de proteger a la población civil. Por su parte, organizaciones de derechos humanos y agencias internacionales advierten que las acciones armadas han provocado daños colaterales significativos, con un 15% de víctimas civiles en operativos y el recrudecimiento del desplazamiento.
“Los ataques de bandas en Artibonito, Centro y Puerto Príncipe siguen provocando graves violaciones de derechos humanos y agravando una crisis humanitaria ya de por sí grave”, afirmó Ulrika Richardson, jefa interina de la Binuh, subrayando la urgencia de un enfoque más integral que combine seguridad con ayuda humanitaria.
En las comunidades afectadas, la desesperanza se mezcla con la resiliencia. Habitantes desplazados relatan su éxodo forzado, la pérdida de familiares y la incertidumbre sobre el futuro, mientras organizaciones locales intentan suplir las carencias básicas, en un país donde la ausencia estatal es palpable.
La concatenación de violencia, crisis sanitaria y desplazamiento configura un escenario donde la recuperación parece esquiva. El desgarrador balance humano y social plantea preguntas sobre la efectividad de las estrategias actuales y la responsabilidad internacional.
La verdad ineludible es que Haití enfrenta una crisis multidimensional que no puede abordarse solo desde la óptica militar o sanitaria. El sufrimiento de su pueblo, la fractura social y la ausencia de un Estado funcional exigen una respuesta coordinada, que integre seguridad, salud pública, derechos humanos y desarrollo.
Mientras tanto, el reloj avanza y la tragedia continúa desplegándose ante la mirada del mundo, dejando una lección sobre los límites del poder y la urgencia de la solidaridad con los más vulnerables.
2025-11-02
2025-11-07