
El 2 de agosto de 2025, un derrumbe en la mina El Teniente dejó atrapados a cinco mineros en uno de los recintos subterráneos de cobre más grandes del planeta. Desde entonces, la atención nacional se volcó hacia un rescate que, a más de cinco meses, aún no concluye con la recuperación de todos los trabajadores. Esta tragedia, lejos de ser un hecho aislado, ha puesto en escena tensiones profundas entre el mundo empresarial, político y las comunidades afectadas, revelando las grietas de un modelo minero que Chile aún no logra superar.
En los primeros días, la reacción de Codelco y las autoridades fue respaldada por figuras como Laurence Golborne, exministro de Energía y Minería, quien destacó la labor técnica y el manejo de la emergencia. “La labor que creo nosotros que tenemos en este consejo es una labor de apoyo y de soporte y de recomendaciones, basado en mi caso en particular en una experiencia dramática que vivimos hace 15 años atrás”, afirmó Golborne, quien se integró al Consejo Internacional de la División El Teniente para colaborar en las evaluaciones. Sin embargo, el rescate se ha prolongado más de lo esperado, con dificultades técnicas y geológicas que han ralentizado el acceso a los mineros.
Mientras el gobierno y Codelco insisten en que la prioridad es el rescate y no la búsqueda inmediata de culpables, sectores sindicales y organizaciones sociales han denunciado falta de prevención y cuestionan las condiciones laborales en la mina. “No podemos permitir que la vida de los trabajadores dependa solo de la suerte o de la rapidez de los equipos técnicos. Esto es un síntoma de un sistema que pone la producción por sobre la seguridad”, sostiene un dirigente sindical local.
Por otro lado, expertos en minería y seguridad laboral advierten que el accidente expone la necesidad de modernizar los protocolos y tecnologías, pero también de revisar la gestión pública y privada en conjunto. Desde el mundo político, la derecha ha llamado a evitar especulaciones y a priorizar la estabilidad de la industria minera, mientras sectores de izquierda insisten en una reforma estructural que garantice mayor protección para los trabajadores.
El Teniente, ubicado en la Región de O’Higgins, concentra no solo valor estratégico para Chile, sino también la complejidad de una región que ha vivido históricamente la tensión entre desarrollo económico y derechos laborales. El derrumbe ha reavivado debates sobre la descentralización, la inversión en seguridad minera y el papel de las comunidades en la toma de decisiones.
A nivel nacional, la tragedia ha impactado la percepción ciudadana sobre la minería estatal y privada, generando un llamado transversal a la revisión de políticas públicas y a la transparencia en la gestión de riesgos. La presión social ha llevado a la creación de nuevas mesas de diálogo entre el gobierno, trabajadores y expertos, aunque las posiciones siguen siendo dispares.
Tras meses de incertidumbre, algunas certezas comienzan a consolidarse. Primero, que la seguridad en la minería sigue siendo un desafío pendiente y que los accidentes no son meras fatalidades, sino reflejo de decisiones políticas y económicas. Segundo, que el rescate, aunque técnicamente complejo, ha puesto en evidencia la necesidad de un enfoque integral, que incluya a las familias, la comunidad y la opinión pública.
Finalmente, la tragedia de El Teniente es un llamado a la sociedad chilena para enfrentar las tensiones entre progreso y justicia social, entre productividad y derechos humanos. La historia de estos cinco mineros atrapados seguirá siendo un espejo donde se reflejarán las contradicciones y esperanzas de un país que busca reconciliar su riqueza natural con el bienestar de sus ciudadanos.
---
Fuentes: entrevistas a Laurence Golborne, declaraciones de dirigentes sindicales, análisis de expertos en minería y seguridad laboral, informes de Codelco y seguimiento periodístico desde agosto 2025.