
En la madrugada del 28 de julio de 2025, cinco trabajadores quedaron atrapados en el sector Andesita de la División El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo, propiedad de la estatal Codelco. Desde entonces, la operación de rescate ha sido una carrera contra el tiempo y la naturaleza, marcada por la complejidad geológica y la constante amenaza de movimientos sísmicos.
A la fecha, el avance en la perforación para llegar a los mineros es de apenas 15 metros, un progreso que, aunque lento, refleja la cautela necesaria para evitar un colapso mayor. La empresa informó que unas 300 toneladas de roca han sido removidas, pero aún restan cerca de seis mil para abrir un camino seguro. Esta realidad técnica contrasta con la urgencia humana y social que el caso ha desatado.
El rescate ha puesto en evidencia no solo las dificultades técnicas, sino también las tensiones políticas y sociales que atraviesan Chile. Desde el gobierno, la ministra de Minería ha defendido la gestión de Codelco y la prioridad absoluta para salvar a los trabajadores. “La seguridad y la vida humana están por sobre cualquier interés económico”, afirmó en una conferencia el 15 de septiembre.
Sin embargo, sindicatos y organizaciones laborales han cuestionado la falta de inversión en seguridad y prevención en la minería estatal, denunciando que este accidente es la consecuencia de años de postergaciones y precariedad. “No podemos permitir que la vida de nuestros compañeros dependa de la suerte o de la improvisación”, declaró el vocero sindical el 10 de octubre.
En la esfera política, el caso ha generado debates polarizados. La oposición ha criticado la gestión del gobierno y exigido reformas profundas en la industria minera, mientras que sectores oficialistas llaman a la unidad y al apoyo técnico para enfrentar la emergencia.
La región de O’Higgins, donde se ubica El Teniente, ha vivido un estado de conmoción constante. Familias, comunidades y autoridades locales han organizado vigilias, marchas y campañas de solidaridad que han trascendido el ámbito minero para cuestionar el modelo extractivista chileno. “Este drama nos recuerda que la minería no es solo una fuente de riqueza, sino también un riesgo latente para las personas y el medio ambiente”, reflexiona una académica de la Universidad de Chile.
Por otro lado, expertos en seguridad laboral y minería han señalado que el accidente revela falencias estructurales en la gestión del riesgo sísmico y en los protocolos de emergencia, aspectos que requieren una revisión profunda y urgente.
Este episodio, que ha mantenido en vilo al país durante más de tres meses, confirma varias verdades incómodas. Primero, que la minería chilena, pese a su modernidad y escala, sigue enfrentando desafíos críticos en materia de seguridad y prevención. Segundo, que la respuesta estatal y empresarial, aunque técnicamente avanzada, no puede eludir las demandas sociales y políticas que emergen con fuerza en momentos de crisis.
Finalmente, la tragedia en El Teniente es un espejo que refleja las tensiones entre desarrollo económico, derechos laborales y bienestar social. El desenlace del rescate, aún incierto, será también un punto de inflexión para el debate nacional sobre el futuro de la minería y la protección de quienes trabajan en sus entrañas.
Este caso invita a mirar más allá de la urgencia, a comprender las raíces profundas de la tragedia y a construir un Chile que no repita estos dramas, sino que los prevenga con decisión y justicia.