La red de casas de tortura del Tren de Aragua: más de 30 víctimas y siete comunas afectadas
Una red de terror en la sombra de Santiago
Desde 2022, una oscura trama de secuestros y torturas se ha desplegado en la región metropolitana y sus alrededores, dejando a más de 30 víctimas atrapadas en lo que la Policía de Investigaciones (PDI) ha identificado como casas de tortura vinculadas a la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Hasta la fecha, 17 lugares en siete comunas —Santiago Centro, Valparaíso, Talagante, Maipú, Estación Central, Quinta Normal e Independencia— han sido detectados como escenarios de este horror.
El rostro de la barbarie: testimonios y métodos
El caso emblemático del exalcalde de Macul, Gonzalo Montoya, secuestrado y torturado en junio de 2024, puso rostro público a una violencia que hasta entonces permanecía oculta. Montoya sufrió golpes, quemaduras y daños psicológicos profundos, reflejo de un patrón sistemático: las víctimas son sometidas a lesiones físicas severas, grabadas en videos y llamadas que se envían a sus familiares para exigir rescates millonarios. El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Brigada de Investigación de Secuestros (Bipe) Metropolitana, explica que estas prácticas buscan infundir terror y acelerar el pago de las extorsiones.
“Son sometidos a distintas lesiones para ser grabados, hacen videollamadas con la familia para mostrar la violencia y presionar el pago. Cuando no se paga, en varios casos se registra la ejecución de la víctima”, detalla Barrientos. En casos extremos, se han registrado amputaciones y asesinatos, como los cuerpos hallados en la Ruta 68, víctimas que se atrevieron a negociar por cuenta propia y pagaron con sus vidas.
Un fenómeno en constante evolución
La PDI ha documentado una evolución en la modalidad delictiva. Inicialmente, las casas de tortura se ubicaban en viviendas antiguas del centro de Santiago, adaptadas para retener a las víctimas mientras se movilizaban decenas de personas en cada secuestro. Sin embargo, desde 2024, la estrategia cambió: los espacios se trasladaron a zonas más aisladas, incluso a viviendas de los propios delincuentes, reflejando un posible desgaste o improvisación en la organización. La georreferenciación de teléfonos celulares ha sido clave para desarticular estas redes y localizar los puntos de cautiverio.
Perspectivas encontradas y desafíos pendientes
Desde el ámbito policial, se destaca el avance en la identificación y desmantelamiento de estas casas, pero también se reconoce la complejidad para erradicar una red transnacional con ramificaciones en distintos países.
En el plano social, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la vulnerabilidad de migrantes y personas en situación irregular, quienes muchas veces son blanco fácil de estas bandas, y cuestionan la insuficiente protección estatal. Por otro lado, sectores políticos reclaman mayor coordinación interinstitucional y recursos para combatir el crimen organizado, mientras voces desde la sociedad civil llaman a abordar también las causas estructurales que permiten la proliferación de estas redes.
Verdades que emergen y consecuencias visibles
La existencia de estas casas de tortura confirma la brutalidad con que operan algunas organizaciones criminales en Chile, y la dificultad que enfrentan las autoridades para prevenir y responder a delitos que combinan violencia física, psicológica y extorsión. La fragmentación territorial y el cambio en las tácticas delictivas evidencian un fenómeno dinámico que exige respuestas flexibles y multidimensionales.
La exposición pública de casos como el del exalcalde Montoya y la documentación de más de 30 víctimas permiten entender la magnitud del problema, pero también invitan a reflexionar sobre la necesidad de políticas integrales que incluyan prevención, protección a víctimas y reformas en el sistema de justicia.
En definitiva, esta historia no solo es una tragedia humana, sino un espejo de las tensiones sociales, migratorias y de seguridad que atraviesan Chile en la actualidad.