
Un derrumbe en el proyecto Andesita de la mina El Teniente dejó atrapados a cinco mineros, desencadenando una operación de rescate que, a más de tres meses desde el incidente ocurrido el 2 de agosto, aún no logra contacto directo con los trabajadores.
Desde ese día, Codelco ha avanzado apenas cuatro metros de los veinte necesarios para llegar al refugio donde se presume están los mineros, en un túnel de dimensiones reducidas y afectado por un derrumbe severo. La complejidad del terreno, la presencia de maquinaria obstaculizando el camino y la necesidad de garantizar la seguridad de los rescatistas han ralentizado el proceso, que se desarrolla bajo una sismicidad inusual para la zona.
Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, reconoció que "tuvimos el mayor evento sísmico en la historia de El Teniente" y que, aunque la actividad sísmica ha disminuido, "los riesgos persisten". Esta admisión abre un debate sobre la gestión de riesgos en una de las minas subterráneas más grandes del mundo y la capacidad del Estado y la empresa para anticipar y prevenir tragedias.
Desde el mundo político, las críticas no han tardado en aparecer. Sectores opositores cuestionan la falta de inversión en infraestructura de seguridad y denuncian que los trabajadores habían alertado sobre riesgos sísmicos días antes del accidente.
La diputada Mariana Soto afirmó que "este accidente pone en evidencia la necesidad urgente de revisar los protocolos y la supervisión estatal en la minería, donde la vida de los trabajadores no puede quedar supeditada a la burocracia".
Por su parte, representantes sindicales y familiares de los mineros exigen mayor transparencia y celeridad en la operación, denunciando que la comunicación ha sido insuficiente y que la prioridad parece estar puesta en la imagen institucional más que en la vida humana.
En contraste, desde Codelco se insiste en que la seguridad de los rescatistas es prioritaria y que cualquier apresuramiento podría poner en riesgo a más vidas. El ejecutivo enfatizó que "cada minuto cuenta, pero no podemos sacrificar la seguridad en el proceso".
La tragedia ha conmocionado a la comunidad de Rancagua y a todo el país, reavivando la memoria de accidentes mineros previos y la vulnerabilidad de los trabajadores en este sector. La zona ha visto movilizaciones de apoyo a las familias, pero también protestas que exigen respuestas claras y sanciones en caso de negligencias.
Desde el punto de vista económico, el accidente ha generado incertidumbre en el sector minero, con repercusiones en la confianza de inversionistas y en el debate sobre la modernización y automatización de la minería chilena.
El caso de El Teniente desnuda las tensiones entre productividad, seguridad y responsabilidad social en la minería chilena. La lentitud del rescate, la persistencia de riesgos sísmicos y las denuncias previas de trabajadores configuran un cuadro complejo que invita a reflexionar sobre las prioridades y los mecanismos de control en un sector clave para la economía nacional.
Mientras el país observa expectante, la historia de estos cinco mineros atrapados se convierte en un espejo de las fragilidades institucionales y sociales que requieren atención urgente, más allá del heroísmo de los rescatistas y la retórica oficial.
Las verdades que emergen son claras: la seguridad no puede ser un costo a minimizar, la transparencia es indispensable para la confianza pública y la vida humana debe ser el eje central de cualquier operación minera. La tragedia en El Teniente es, en última instancia, un llamado a la transformación profunda de un modelo que ha mostrado sus límites.