La Corte Suprema revisa penas de lesa humanidad: un desafío pendiente a 40 años de la dictadura

La Corte Suprema revisa penas de lesa humanidad: un desafío pendiente a 40 años de la dictadura
Actualidad
Justicia Tribunales
2025-11-20
Fuentes
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Revisión judicial histórica, conflicto entre derecho internacional y legislación nacional, voces contrapuestas entre víctimas y condenados.

Un juicio que no termina. El 1 de agosto de 2025, la Corte Suprema convocó a una audiencia especial para revisar la reducción de penas en 14 causas de lesa humanidad, tras un fallo inédito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado chileno por aplicar la llamada "media prescripción" a agentes estatales condenados por crímenes durante la dictadura. Este proceso, que se ha ido gestando durante más de dos décadas, no solo pone en tensión la relación entre el derecho internacional y el sistema judicial chileno, sino que también revive heridas profundas en la memoria colectiva del país.

El fallo internacional y su impacto nacional

En marzo de 2024, la Corte IDH determinó que Chile violó garantías judiciales al permitir la reducción de penas a responsables de violaciones graves a los derechos humanos entre 2007 y 2010. La sentencia ordenó al Estado revisar y anular estas reducciones, que se basaron en una interpretación que la Corte internacional calificó como inconvencional.

Karinna Fernández, abogada de derechos humanos que impulsó el caso Vega González y otros vs. Chile, señaló: "Este es un momento crucial para que la justicia chilena cumpla con el control de convencionalidad y reestablezca la verdad y la justicia para las víctimas".

Sin embargo, la ausencia de procedimientos claros en la legislación chilena para aplicar sentencias internacionales ha obligado a la Corte Suprema a diseñar mecanismos ad hoc, como ya ocurrió en el caso Norín Catrimán, donde se dejó sin efecto una sentencia firme por primera vez en la historia del país.

Voces enfrentadas en la arena judicial

La audiencia convocada para el 26 de septiembre reunió a representantes de las víctimas, familiares de desaparecidos y ejecutados, junto a defensores de los aproximadamente 40 agentes estatales beneficiados por la media prescripción.

Desde el sector de las víctimas, se reclama que la revisión sea exhaustiva y que no se repitan prácticas que diluyan la responsabilidad de los perpetradores. Para ellos, la memoria y la justicia son inseparables.

"Hemos esperado décadas para que se haga justicia real, y esta revisión es una oportunidad que no podemos permitir que se desperdicie", afirmó un representante de organizaciones de derechos humanos presentes en la audiencia.

Por otro lado, las defensas argumentan que las reducciones aplicadas fueron legales conforme a la normativa vigente en su momento y que la revisión podría sentar un precedente complejo para la seguridad jurídica.

Contexto histórico y consecuencias visibles

Los casos bajo revisión incluyen episodios emblemáticos como Lago Ranco, Parral y Quilleco, y afectan a víctimas como Juan Luis Rivera Matus y Carmen Margarita Díaz Darricarrere, entre otros. Entre los condenados están figuras conocidas como Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Humberto Zapata Reyes.

Este proceso no solo representa un ajuste judicial, sino que también reabre el debate sobre cómo Chile enfrenta su pasado dictatorial y las responsabilidades del Estado en violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Constataciones finales

La revisión de las penas por parte de la Corte Suprema es una consecuencia directa del fallo de la Corte IDH, que obliga a Chile a alinear su justicia con estándares internacionales. Sin embargo, el camino no está exento de tensiones: la disputa entre seguridad jurídica y reparación integral, la ausencia de procedimientos claros y la confrontación entre víctimas y condenados configuran un escenario complejo.

Este episodio judicial es más que un trámite: es un reflejo de la lucha por la verdad, la justicia y la memoria en un país que aún convive con las cicatrices de su pasado autoritario. Para los observadores, la forma en que se resuelva esta revisión marcará un hito en la consolidación del Estado de derecho y en la reparación histórica.

Las próximas semanas serán decisivas para definir si la justicia chilena logra dar un paso firme hacia la reconciliación o si, por el contrario, se mantiene atrapada en un ciclo de disputas y dilaciones.