El 31 de julio de 2025, un derrumbe en la mina subterránea El Teniente, la más grande del mundo ubicada en la Región de O'Higgins, se cobró la vida de seis trabajadores subcontratados. Desde entonces, el país ha asistido a una tragedia que no solo ha dejado heridas físicas y emocionales, sino también profundas tensiones en torno a la seguridad minera, la responsabilidad empresarial y la eficacia del sistema judicial.
Rodrigo Piñones, uno de los pocos sobrevivientes de aquel turno fatídico, relata cómo la explosión y el colapso de rocas lo dejaron atrapado bajo toneladas de material. A pocos metros, su primo Paulo Marín no tuvo la misma suerte.“Quizás no era mi momento”, confiesa Piñones mientras evalúa si continuar en la minería tras esa experiencia cercana a la muerte.
El derrumbe ocurrió en un sector considerado seguro, fortificado y monitoreado, lo que hace aún más desconcertante la magnitud del accidente. Según los primeros informes, el evento se produjo tras un sismo de 4,2 grados Richter a 300 metros de profundidad, aunque la relación causal aún está bajo análisis.Cinco mineros permanecieron atrapados en galerías profundas, y las labores de rescate se extendieron por más de 30 horas.
El gobierno, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, declaró la prioridad absoluta en las tareas de rescate y desplegó recursos a través de Codelco, Sernageomin y otros organismos técnicos. Sin embargo, a casi cuatro meses del accidente, la investigación judicial, a cargo de la Fiscalía Regional de O'Higgins, no ha entregado resultados concretos. El fiscal Aquiles Cubillos ha advertido que la indagatoria por cuasidelito de homicidio no tendrá avances rápidos, lo que ha generado frustración entre los familiares.
Ana Pavez, hermana de Moisés Pavez, fallecido en el derrumbe, expresó su dolor y exigió justicia: “Aquí hay culpables que tienen que pagar y, de partida, tienen que partir las cabezas grandes que son (Máximo) Pacheco y (Andrés) Music”, en referencia a altos ejecutivos de Codelco.
La PDI ha desplegado un equipo multidisciplinario para recabar testimonios, analizar pericias y evaluar el cumplimiento de normativas de seguridad. Sin embargo, el proceso avanza con cautela, en un contexto de alta complejidad técnica y legal.
Desde el mundo empresarial, Codelco y las empresas contratistas han subrayado que las faenas cumplían con las normativas vigentes y que la magnitud del sismo y la presión geológica fueron factores imprevistos. En contraste, expertos en seguridad laboral y representantes sindicales cuestionan la efectividad de los protocolos y la supervisión, alertando que la tragedia podría haber sido evitada con mayores controles y recursos.
A nivel político, la izquierda ha enfatizado la necesidad de fortalecer la fiscalización y la protección de los trabajadores, mientras sectores más conservadores llaman a respetar la autonomía empresarial y a esperar los resultados de la investigación antes de emitir juicios.
La tragedia de El Teniente desnuda las tensiones entre la minería como motor económico y la seguridad laboral en un país donde la extracción de cobre es vital. Seis familias quedaron destrozadas y una comunidad minera entera cuestiona si las medidas de prevención son suficientes.
La lentitud de la investigación judicial y la ausencia de imputados hasta la fecha alimentan la desconfianza social y la sensación de impunidad. Sin embargo, la complejidad técnica y legal del caso obliga a la prudencia.
Lo que queda claro es que esta tragedia no puede ser solo un capítulo más en la historia minera chilena. Debe ser un punto de inflexión para repensar las políticas de seguridad, la responsabilidad empresarial y la transparencia en la gestión de riesgos. La memoria de los seis mineros que perdieron la vida exige una respuesta profunda y transformadora, que vaya más allá de la emergencia y se traduzca en cambios concretos para evitar que esta historia se repita.