
En un escenario donde la economía chilena parece avanzar a paso de tortuga, el mercado laboral arroja una cifra inquietante y reveladora: apenas 141 empleos netos creados en el último año. Esta estadística, que a primera vista podría parecer un mero dato, es en realidad el síntoma de una crisis silenciosa que se ha ido gestando desde hace tiempo.
El contexto no puede ser más claro: Chile, que hace una década figuraba entre los países con menor desempleo en la OCDE, hoy se encuentra entre los tres con las tasas más altas. Este giro no es casual ni externo, sino que responde a múltiples factores internos que han ido aumentando la presión sobre el mercado laboral.
Por un lado, la reducción legal de la jornada laboral a 40 horas ha elevado el costo unitario del trabajo, dificultando la contratación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas (pymes), que constituyen el motor del empleo nacional. Por otro, el alza constante del salario mínimo, con un reciente piso propuesto en $750.000, se ha convertido en una espada de doble filo: si bien busca mejorar el ingreso de los trabajadores, también puede excluir a los trabajadores de menor calificación del empleo formal, empujándolos hacia la informalidad.
Estas medidas, si bien cuentan con respaldo en ciertos sectores políticos y sociales, enfrentan críticas desde otros ámbitos que advierten sobre sus efectos contraproducentes. Expertos laborales y académicos señalan que el desajuste entre costos laborales y productividad ha generado un mercado rígido, donde las empresas optan por frenar contrataciones o incluso despedir para sobrevivir.
Además, el impacto no es homogéneo. Las mujeres sufren con especial dureza esta emergencia laboral, con una tasa de desempleo que alcanza el 9,9%, un punto porcentual más que el promedio nacional. Este fenómeno se relaciona con la concentración femenina en sectores más vulnerables y la demora en la implementación de políticas como la sala cuna universal, que limita su reincorporación laboral.
En el centro del debate está también la propuesta de negociación colectiva ramal, que busca estandarizar convenios por sector, pero que podría asfixiar a las micro y pequeñas empresas, obligándolas a cumplir cláusulas diseñadas para grandes corporaciones.
Desde el gobierno, la narrativa oficial enfatiza la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y fortalecer los derechos laborales. Sin embargo, desde el mundo empresarial y académico, la preocupación se centra en la urgencia de flexibilizar el mercado para evitar una mayor contracción del empleo formal.
Este choque de perspectivas no solo refleja tensiones políticas, sino que también pone en evidencia una disonancia cognitiva colectiva: la aspiración legítima a mejores condiciones laborales frente a la realidad económica que limita la creación de empleos.
En definitiva, el mercado laboral chileno se encuentra ante un desafío de fondo: cómo equilibrar la justicia social con la sostenibilidad económica. La cifra de 141 empleos netos creados en un año no es solo un número, sino un llamado urgente a repensar las políticas públicas y las estrategias empresariales.
Si no se logra un anclaje claro entre salarios, productividad y flexibilidad, el riesgo es que la "rana" del mercado laboral siga ignorando el aumento de la temperatura hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. La crisis ya está aquí, y sus consecuencias se reflejan en las vidas de cientos de miles de chilenos que buscan, sin éxito, un empleo digno y estable.
Fuentes: La Tercera (2025-08-01), análisis de expertos laborales y académicos de la Universidad de Los Andes y el Instituto Libertad.
2025-11-02