Presupuesto 2026 en el Senado: El pulso entre el bloqueo y la negociación que definirá el futuro fiscal del país
El escenario fiscal chileno vive una de sus jornadas más tensas en años, con el Presupuesto 2026 enfrentando un desafío sin precedentes en el Senado. El jueves 20 de noviembre, la Cámara Alta inició la revisión del proyecto que llega con 14 partidas ministeriales rechazadas en la Cámara de Diputados, incluyendo áreas estratégicas como Salud, Educación, Interior y Seguridad Pública. Lo que parecía un trámite técnico se transformó en un verdadero coliseo político donde se enfrentan visiones encontradas sobre la magnitud del gasto público, la proyección de ingresos y el rol del Estado en tiempos de incertidumbre económica.
El origen de la crisis presupuestaria
El proceso comenzó con la Comisión Mixta Especial de Presupuestos rechazando la mayoría de las partidas, situación que no logró revertirse en la Cámara Baja, donde un 42% del presupuesto fue denegado. El Ejecutivo, encabezado por el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, ha debido reponer estas partidas y negociar con una oposición que exige ajustes profundos en la estimación de ingresos y en el control del gasto.
La oposición sostiene que el presupuesto está desfinanciado en cerca de US$1.500 millones, resultado de una sobreestimación de ingresos fiscales y una subestimación de gastos reales. Desde ese ángulo, aprobar el presupuesto sin corregir estas cifras sería irresponsable y pondría en riesgo la estabilidad financiera del país.
Voces enfrentadas en el Senado
El debate en el Senado no ha sido un mero trámite. Por un lado, el oficialismo advierte que la negativa a aprobar partidas críticas pone en riesgo programas sociales emblemáticos como el Copago Cero en salud y la gratuidad universitaria. El senador Daniel Núñez (PC) calificó de “extrema” la postura de la derecha, que estaría poniendo en jaque beneficios fundamentales para la población.
Por otro lado, la oposición, representada por figuras como Sergio Gahona (UDI) y Ximena Rincón (Demócratas), insiste en que la base del conflicto es la falta de transparencia y realismo en las cifras del Ejecutivo. Gahona alertó que “es irresponsable votar un presupuesto sin las cifras reales y completas”, señalando que la economía crecerá menos que lo proyectado y que los ingresos fiscales están sobreestimados.
Un punto de tensión adicional es la deuda flotante y el reajuste del sector público, temas sobre los cuales los parlamentarios reclaman mayor claridad y financiamiento específico.
Consecuencias de un rechazo persistente
Según la Dirección de Presupuestos (Dipres), si las partidas rechazadas en ambas cámaras no son repuestas, esos ministerios solo podrán financiar gastos permanentes, como salarios de planta y prestaciones legales, quedando sin recursos para contratos a contrata, honorarios o inversión operacional. Esto implica que hospitales, escuelas y programas sociales sufrirían un severo recorte en su capacidad de funcionamiento, afectando directamente a la ciudadanía.
La normativa tampoco permite indicaciones ni votaciones separadas para esas partidas rechazadas, lo que complica la posibilidad de ajustes parciales sin una reforma reglamentaria que requiere unanimidad en los comités parlamentarios.
La negociación, la única vía para destrabar el conflicto
Con nueve días restantes para cumplir el plazo constitucional del 29 de noviembre, el Gobierno enfrenta una carrera contrarreloj para lograr acuerdos en el Senado y evitar un estancamiento que podría derivar en un presupuesto fragmentado y debilitado.
El ministro Grau ha manifestado su disposición al diálogo y ha hecho ajustes para liberar recursos, como la reducción del 20% en funciones críticas, que permitió reasignar cerca de 3.000 millones de pesos para programas sociales. Sin embargo, los cuestionamientos transversales a áreas como salud primaria, combate al crimen organizado y reajuste del sector público mantienen la tensión.
Reflexiones finales
Este episodio pone en evidencia la fragilidad del modelo de negociación presupuestaria en Chile y la dificultad para conciliar expectativas en un contexto económico complejo. La disputa no es solo técnica, sino profundamente política y social, ya que está en juego el financiamiento de servicios esenciales y la distribución de recursos públicos.
El rechazo de partidas ministeriales revela una desconfianza mutua entre Ejecutivo y Legislativo, que obliga a repensar los mecanismos de transparencia y planificación fiscal. Mientras tanto, la ciudadanía observa expectante cómo se resolverá este pulso, consciente de que el desenlace tendrá consecuencias palpables en la vida cotidiana.
En definitiva, el Presupuesto 2026 no solo es una cifra en millones, sino un reflejo de las prioridades, tensiones y desafíos que enfrenta Chile para construir un Estado eficiente, justo y sostenible en el tiempo.