
Un plan de paz bajo la mesa y una crisis de corrupción al interior de Ucrania marcan el escenario actual de un conflicto que ya supera los tres años. Estados Unidos confirmó la existencia de un plan de 28 puntos negociado discretamente con Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania, que incluye la cesión de territorios del este ucraniano y una reducción significativa de las fuerzas armadas de Kyiv. Este plan, filtrado por medios internacionales y reconocido oficialmente por Washington, ha generado un choque frontal entre la diplomacia estadounidense y la realidad política y social ucraniana.
El presidente Volodímir Zelenski recibió este borrador y espera dialogar con el presidente Donald Trump, aunque hasta ahora ha descartado públicamente aceptar concesiones territoriales que equivaldrían a una capitulación. La Casa Blanca, en voz de su portavoz Karoline Leavitt, insiste en que el plan es "aceptable para ambas partes" y que se trabaja para concretarlo, aunque reconoce la creciente frustración del mandatario norteamericano ante la falta de compromiso de Rusia y Ucrania.
Desde Washington, el mensaje es claro: para lograr una paz duradera, ambos lados deben hacer concesiones difíciles. El plan contempla que Ucrania entregue el control efectivo de territorios en el Donbás y reduzca su ejército, mientras recibe garantías de seguridad estadounidenses y europeas frente a futuras agresiones rusas. Sin embargo, el Kremlin mantiene sus demandas inalteradas: la neutralidad ucraniana, la renuncia a la OTAN y el reconocimiento de anexiones territoriales, condiciones que Kyiv ha rechazado reiteradamente.
En Europa, la jefa de la diplomacia Kaja Kallas advierte que cualquier acuerdo debe contar con el respaldo de ucranianos y europeos, mientras que Francia subraya que "los ucranianos no desean ninguna forma de capitulación". La exclusión de funcionarios europeos y ucranianos de las conversaciones alimenta la desconfianza sobre la imparcialidad y viabilidad del plan.
En paralelo, Ucrania enfrenta una crisis interna que pone en entredicho la lucha contra la corrupción, uno de los pilares del gobierno de Zelenski. Tymur Mindich, exsocio del presidente y acusado de liderar una organización criminal que desvió 100 millones de dólares a través de la empresa estatal de energía nuclear Energoatom, se encuentra prófugo. La investigación, que ha llevado a allanamientos y arrestos, revela un esquema de sobornos que habría afectado la seguridad energética en plena guerra.
El escándalo ha provocado la renuncia de ministros y sanciones contra los implicados, además de una auditoría y reorganización del Ministerio de Energía. No obstante, las tensiones políticas se profundizan: la detención de un detective anticorrupción y la controvertida ley que buscaba controlar la independencia de las agencias anticorrupción evidencian la fragilidad institucional en un contexto de crisis.
Este momento revela la complejidad de un conflicto que no solo es militar sino también político y social. Por un lado, la diplomacia estadounidense apuesta por un acuerdo que podría poner fin a la guerra, pero a costa de concesiones que Ucrania y sus aliados consideran inaceptables y que podrían fracturar la unidad interna.
Por otro, la corrupción y las disputas internas en Kiev minan la confianza en las instituciones y complican la gobernabilidad en tiempos de guerra. La fuga de Mindich y las trabas a la investigación anticorrupción muestran que, mientras se negocia la paz en la mesa, la lucha por el control y la transparencia continúa siendo una batalla abierta.
En definitiva, la historia que se despliega ante nuestros ojos no es solo la de un conflicto bélico, sino la de un país en tensión entre la defensa de su soberanía y las presiones externas e internas que lo desafían. La paz, si llega, deberá enfrentar no solo las armas, sino también las sombras que se esconden en el poder y la política.
Fuentes: BBC News Mundo, Cooperativa.cl, La Tercera.